(El País, 05-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El coste de la vivienda absorbe una parte cada vez mayor de los ingresos familiares. Entre 2019 y 2024, el gasto medio mensual asociado al hogar aumentó un 13%, al pasar de 610 a 690 euros, es decir, 80 euros más. Este encarecimiento responde, sobre todo, a la subida de los suministros y del alquiler y, desde 2022, al incremento de las cuotas hipotecarias, según un estudio difundido por la Fedea.
Aunque el esfuerzo adicional ha sido generalizado, el impacto ha sido más intenso entre los inquilinos, cuyos costes crecieron un 33,5%. La subida fue ligeramente inferior entre los propietarios con hipoteca (30,7%) y bastante más moderada entre quienes tienen la vivienda pagada (17,3%).
El informe, elaborado por Fernando Pinto, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, se basa en microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE). Una de sus conclusiones principales es que el peso de la vivienda actúa como factor de desigualdad social.
El análisis señala que la vulnerabilidad residencial se concentra en determinados perfiles, especialmente en hogares con baja intensidad laboral. También los jóvenes que viven solos -entre 18 y 34 años- soportan una presión elevada, en parte por la falta de economías de escala y su mayor dependencia del alquiler. A ello se suman diferencias territoriales persistentes entre comunidades autónomas, reflejo de desequilibrios estructurales entre ingresos y costes de la vivienda.
Si se toma como referencia el umbral del 40% de la renta destinado a la vivienda -considerado tensión severa según criterios europeos-, las mayores tasas de hogares en esta situación se registran en Cataluña (19,3%), Madrid (18,8%) y Baleares (18,1%). En el extremo opuesto se sitúan Castilla y León (13%), La Rioja (12,9%) y País Vasco (11,6%), con niveles más moderados.
El seguimiento de los precios del alquiler muestra que la presión es mayor en áreas urbanas y en regiones con mayor dinamismo demográfico y económico. Se trata de un aumento progresivo pero sostenido, que explica buena parte del crecimiento del gasto residencial total. En cuanto a las hipotecas, su comportamiento fue relativamente estable hasta 2021. Sin embargo, a partir de 2022 se produjo una aceleración clara, coincidiendo con el cambio de ciclo monetario y la subida de los tipos de interés, lo que afectó especialmente a quienes tienen préstamos a tipo variable o en los primeros años de amortización.
El esfuerzo residencial -calculado como el porcentaje de la renta disponible que se destina a alquiler o hipoteca y gastos corrientes de la vivienda- confirma que los inquilinos son más vulnerables a la volatilidad de los precios en momentos de fuerte presión de la demanda, como el actual. No obstante, la mayor presencia de la propiedad frente al alquiler no responde a una circunstancia puntual, sino que constituye un rasgo estructural que influye de forma permanente en la carga que soportan los hogares.
La estructura familiar también resulta clave. Los hogares con varios adultos trabajando -es decir, con alta intensidad laboral- tienen mayor capacidad para asumir subidas del gasto residencial: solo el 7,4% se encuentra en situación de sobreesfuerzo, frente al 18,9% de aquellos con baja intensidad laboral. Esta diferencia, según el estudio, pone de relieve la importancia de analizar conjuntamente la situación laboral y la composición del hogar para entender cómo se distribuye el peso de la vivienda en la sociedad.