(La Vanguardia, 27-01-2026) | Fiscal
El fraude en el IRPF continúa siendo elevado en España, aunque en los últimos años se aprecia una mejora en el grado de cumplimiento de las obligaciones fiscales. En 2022, las rentas no declaradas por trabajadores, autónomos, empresarios, inversores y propietarios alcanzaron los 112.000 millones de euros, según un estudio exhaustivo publicado por Fedea y elaborado por Jaime Vallés y Anabel Zárate. Esta cifra supone un aumento respecto a 2020 y 2021, ejercicios marcados por la caída de la actividad económica, pero representa una reducción significativa frente a 2019, cuando el fraude ascendía a 140.000 millones. El informe mide la denominada brecha fiscal, entendida como la parte de la renta que no se declara en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a lo largo del tiempo.
Los autores precisan que la brecha fiscal es una "estimación del límite superior del fraude", ya que incluye no solo la ocultación intencionada de ingresos, sino también prácticas de elusión fiscal y discrepancias estadísticas o conceptuales entre distintas fuentes tributarias. En cualquier caso, subrayan que este concepto no debe equipararse a la economía sumergida, que engloba además actividades ilegales, empleo no registrado y otros tributos distintos al IRPF.
El análisis detalla el nivel de cumplimiento según el tipo de renta. Las rentas del trabajo presentan los mejores resultados: alrededor del 90% de los trabajadores declara correctamente sus ingresos. Según el estudio, este alto grado de cumplimiento se explica por el sistema de retenciones en origen, que reduce de forma muy eficaz las posibilidades de ocultación. En cambio, las rentas distintas del trabajo cuentan con una menor trazabilidad administrativa y, en consecuencia, muestran tasas de cumplimiento sensiblemente más bajas.
En este sentido, las rentas procedentes de actividades económicas y del capital inmobiliario concentran el mayor volumen de fraude -o brecha fiscal-. En 2022, estas fuentes de ingresos acumularon cerca de la mitad de la renta no declarada, con unos 54.000 millones ocultos a Hacienda. Por su parte, la brecha correspondiente al capital mobiliario ascendió a 12.500 millones de euros ese mismo año.
A partir de estas estimaciones, el informe de Fedea calcula una pérdida de recaudación de entre 21.000 y 51.000 millones de euros en 2022, lo que equivale a entre el 1,5% y el 3,7% del PIB de ese ejercicio. Aunque los resultados reflejan un empeoramiento respecto a 2020, se mantienen claramente por debajo de los niveles máximos de fraude registrados en el pasado y mejoran las cifras anteriores a la pandemia. En 2021, la renta fraudulenta se situó en 61.000 millones, mientras que en 2012 y 2013 la merma de ingresos alcanzó los 67.000 y 68.000 millones, respectivamente.
El estudio concluye, por tanto, que existe una mejora general del cumplimiento fiscal en comparación con las dos primeras décadas del siglo XXI. En 2006, el fraude se estimaba en 157.000 millones de euros y en 2019 en 140.000 millones. Durante la pandemia, la caída de la actividad económica provocó un desplome de las rentas ocultas, que descendieron hasta los 91.000 millones.
Desde una perspectiva territorial, el informe destaca que se mantienen patrones regionales estables. Madrid, Cantabria y la Comunidad Valenciana registran niveles de cumplimiento superiores a la media nacional, mientras que Andalucía, Canarias, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y La Rioja presentan de forma recurrente peores resultados. Según los autores, esto se explica probablemente por el mayor peso de sectores tradicionales con menor trazabilidad y por factores geográficos como la insularidad o la dispersión poblacional, que dificultan el control fiscal.
Las mayores mejoras absolutas en el cumplimiento del conjunto de rentas se observan en Canarias, Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha, mientras que los avances más modestos se dan en Asturias y Aragón. Cataluña se sitúa en posiciones intermedias en todos los indicadores analizados. En paralelo, el Ministerio de Hacienda ha intensificado en los últimos años las actuaciones para combatir la ocultación de ingresos. Como resultado, la Agencia Tributaria logró recuperar en 2022 cerca de 10.000 millones de euros correspondientes al IRPF.