(Cinco Días, 12-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El escudo contable que el Gobierno aprobó en 2020 para proteger a las empresas de las consecuencias económicas de la pandemia finalizará el próximo 31 de diciembre, salvo que se apruebe una nueva prórroga. A partir de esa fecha, las sociedades deberán volver a computar las pérdidas de 2020 y 2021 para determinar si incurren en causa de disolución. Los economistas contables del Consejo General de Economistas de España estiman que unas 80.000 empresas podrían verse afectadas por el fin de esta protección. Aunque los expertos advierten de que aflorarán problemas patrimoniales en numerosas compañías, no esperan una oleada de cierres y disoluciones.
La continuidad de la medida exigiría aprobar un real decreto ley y someterlo a la convalidación de la Diputación Permanente del Congreso. Por el momento, el Ministerio de Economía no ha aclarado si prepara una nueva ampliación. La suspensión de la causa de disolución por pérdidas se aprobó en abril de 2020 y se convirtió en ley en septiembre de ese mismo año. Su finalidad era ofrecer a las empresas un margen adicional para reestructurar su deuda, obtener liquidez y compensar los resultados negativos mediante la recuperación de su actividad, el acceso al crédito o las ayudas públicas. Esta medida era independiente de la moratoria concursal, que suspendió temporalmente la obligación de solicitar el concurso de acreedores y que dejó de estar vigente en junio de 2022.
La moratoria contable se fue prorrogando mediante distintos reales decretos leyes aprobados para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia y de crisis posteriores, como la guerra de Ucrania, la crisis energética y las tensiones arancelarias. Sin embargo, el Congreso rechazó tres de estas normas, en enero de 2025, enero de 2026 y febrero de este año. El Ejecutivo volvió a recuperar la protección mediante otras disposiciones, la última aprobada en marzo de 2026, cuya vigencia concluye a finales de este ejercicio. La medida únicamente permite excluir del cálculo de la causa de disolución las pérdidas correspondientes a 2020 y 2021, pero no las generadas en ejercicios posteriores.
La Ley de Sociedades de Capital establece que una compañía debe disolverse cuando las pérdidas reducen su patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, salvo que se adopten medidas para corregir el desequilibrio, como una ampliación o reducción de capital, o que proceda solicitar el concurso de acreedores. Según las estimaciones de los economistas contables, basadas en datos del Banco de España y de la Encuesta de Población Activa, la moratoria protege a cerca de 80.000 sociedades y entre 600.000 y 800.000 puestos de trabajo.
Los sectores con mayor exposición al fin de la medida son el turismo, la hostelería, el ocio, el transporte y el comercio, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. Jordi Santamaría, socio del área Legal de Grant Thornton en Barcelona, advierte de que las compañías más vulnerables son aquellas que acumulan pérdidas, presentan una rentabilidad reducida, mantienen elevados niveles de endeudamiento y tienen dificultades para atender sus gastos financieros. A este grupo se suman otros ámbitos con problemas de valoración, como la restauración, el sector cárnico, el vino y su industria auxiliar, las clínicas dentales y las energías renovables.
Davinia Sánchez, socia directora de Kepler-Karst, recuerda que recuperar el volumen de ventas previo a la pandemia no implica necesariamente haber reconstruido el patrimonio empresarial. Por ello, considera que el problema no se limita a las grandes compañías rescatadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), sino que afecta también a las pymes, que disponen de menos capacidad para obtener nuevos recursos propios.
Uno de los focos de preocupación son las empresas que todavía mantienen créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Si no se amplía la moratoria, las sociedades con patrimonio negativo y préstamos pendientes tendrán que afrontar la situación a partir de enero. Según los últimos datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el saldo vivo de las líneas de financiación habilitadas para hacer frente a la crisis de la covid rondaba los 24.000 millones de euros en diciembre de 2025.
Los expertos advierten de que las empresas suelen recurrir demasiado tarde a los fondos especializados en reestructuración, cuando las condiciones para sus propietarios son menos favorables. Además, señalan que este tipo de operaciones se ha ralentizado en España y que las transacciones que llegan al mercado son cada vez de menor tamaño.
La situación de las grandes compañías rescatadas también refleja las dificultades para recuperar la solvencia. Las cuentas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sepi, muestran que había provisionado 425 millones de euros de los más de 1.000 millones que tenía pendientes de recuperar, lo que representa un 42%. El fondo registró unas pérdidas de 139,7 millones en el ejercicio, después de dotar 260,3 millones por deterioro. Hasta septiembre, la Sepi había recuperado 1.775 millones, el 66% de la financiación concedida.
Entre los casos más recientes figura Vivanta, la red de clínicas dentales que recibió 40 millones de euros del fondo y cuya refinanciación fue aprobada en abril. Pese a ello, la compañía entró en concurso de acreedores en septiembre y posteriormente cerró todas sus clínicas a la espera de una decisión de Bruselas. También han recurrido a mecanismos de reestructuración Duro Felguera, Imasa y Vicinay, mientras que Losán solicitó la homologación de su plan en mayo.
Duro Felguera constituye uno de los ejemplos de dependencia de la moratoria contable. Tras homologar su plan de reestructuración en junio, la compañía comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que mantenía un patrimonio neto individual negativo a junio de 2026. Sin embargo, el cómputo de los préstamos participativos y la exclusión de las pérdidas de 2020 y 2021 le permitían evitar la causa de disolución. Una situación similar afecta a Tubos Reunidos, que también se acogió a la moratoria, aunque entró en concurso de acreedores en mayo y su sociedad matriz inició la fase de liquidación en octubre.
La posibilidad de aprobar una nueva prórroga para 2027 está condicionada por la situación política. La disolución de las Cortes, la confrontación entre PSOE y PP y el adelanto electoral al 29 de noviembre dificultan la tramitación de una nueva norma. Aunque una ampliación resulta jurídicamente posible, los expertos recomiendan que las empresas afectadas la contemplen como una posibilidad, pero no como una medida garantizada, y planifiquen sus decisiones financieras sin dar por segura su aprobación.
El Gobierno puede recurrir a un real decreto ley si justifica su extraordinaria y urgente necesidad, aunque su capacidad para hacerlo se verá más limitada cuando entre en funciones el 30 de noviembre. La norma tendría que ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso.
Los especialistas consultados no prevén que el fin de la moratoria provoque una sucesión de disoluciones automáticas. Entre enero y octubre se registraron alrededor de 25.000 disoluciones empresariales, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los concursos de acreedores superaron los 5.300, con un descenso del 3,4%, según Informa D&B.
Los expertos consideran que las empresas viables deberían haber dispuesto de tiempo suficiente para recuperar las pérdidas puntuales ocasionadas por la pandemia. Para aquellas que todavía presentan dificultades, existen distintas alternativas, como recapitalizaciones, reducciones de capital, operaciones acordeón, aportaciones de socios, préstamos participativos o procesos de reestructuración.
Desde Kepler-Karst advierten, no obstante, de que mantener indefinidamente esta excepción podría retrasar decisiones necesarias y trasladar los riesgos a los acreedores. La viabilidad de las compañías dependerá, en buena medida, de su capacidad para captar nuevos recursos y anticiparse al vencimiento de la moratoria, en lugar de esperar hasta el último momento para negociar con socios y acreedores.