(El País, 31-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La escalada del conflicto en Oriente Próximo comienza a reflejarse en la evolución de los precios en España. El Índice de Precios de Consumo (IPC) avanzó hasta el 3,5% en julio, tres décimas más que en junio, según el dato adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El repunte coincide con el inicio de la retirada progresiva de las ayudas fiscales a los carburantes y constituye un primer indicio del efecto que tendrá la desaparición de estas medidas sobre la inflación en los próximos meses. La mayoría de los analistas coincide en que el índice continuará aumentando cuando las bonificaciones se eliminen por completo, aunque persisten las dudas sobre la magnitud del impacto y el momento en que se producirá.
La reciente convalidación del Real Decreto-ley 18/2026 mantiene las rebajas fiscales durante el verano, pero deja al Gobierno condicionado por una situación internacional que escapa a su control. El calendario diseñado por el Ejecutivo contempla una reducción gradual de las ayudas, que pasan de 15 céntimos por litro en julio a 10 céntimos en agosto y cinco en septiembre, con su desaparición prevista para octubre. Sin embargo, este plan se elaboró bajo la premisa de que la tensión geopolítica disminuiría durante el verano y permitiría una estabilización de los mercados energéticos, un escenario que, por ahora, no se ha materializado.
La incertidumbre se ha intensificado por la evolución del mercado del petróleo. Algunas previsiones, como las de Goldman Sachs, contemplan que el barril de Brent pueda acercarse a los 120 dólares durante los próximos meses. Ante este panorama, el Ejecutivo deberá decidir entre mantener el calendario previsto para retirar las ayudas, asumiendo un mayor impacto sobre la inflación, o prolongarlas si la presión sobre los precios de la energía continúa aumentando.
A ello se suma el encarecimiento del gas natural en Europa, que durante julio alcanzó sus niveles más elevados desde el inicio de la guerra en Irán, mientras que el petróleo volvió a situarse en torno a los 100 dólares por barril. Esta evolución abre la puerta a una posible prórroga de las medidas fiscales si las tensiones energéticas persisten más allá del verano. Mientras tanto, distintas estimaciones sitúan el incremento adicional de la inflación en torno a medio punto porcentual para octubre, incluso en un escenario relativamente favorable. Según cálculos del director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo Llanes, el IPC correspondiente a junio habría superado el 4% si las rebajas fiscales no hubieran estado vigentes.
La intensidad del repunte dependerá, en gran medida, del peso que tienen los combustibles en la cesta de consumo. Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas (CGE), recuerda que carburantes y combustibles representan aproximadamente el 5% del índice general de precios. En su opinión, la desaparición total de las ayudas podría añadir alrededor de ocho décimas a la inflación si el resto de factores permaneciera estable, ya que las bonificaciones llegaron a reducir el precio en los surtidores entre un 15% y un 17%.
Funcas maneja una previsión similar y calcula que la retirada completa de los incentivos fiscales aportaría entre ocho y nueve décimas adicionales al IPC, aunque una parte de ese efecto ya comenzó a materializarse con los cambios introducidos en junio y julio. De cara al otoño, la entidad estima que el impacto pendiente rondará las cinco décimas. Además del efecto directo sobre los carburantes, advierte de que el aumento de los costes energéticos terminará trasladándose progresivamente al conjunto de la economía, encareciendo la producción, la distribución y numerosos servicios.
La fundación considera que este proceso persistirá incluso si la situación geopolítica mejora, ya que la transmisión de los mayores costes energéticos al tejido productivo suele producirse con retraso. A ello se añade una inflación subyacente que continúa mostrando una elevada resistencia, especialmente en el sector servicios. Como consecuencia, Funcas ha revisado al alza su previsión sobre el deflactor del consumo de los hogares para 2026, situándolo en una media del 3,2%, ocho décimas por encima de las estimaciones realizadas antes del estallido de la crisis en Oriente Próximo.
BBVA Research también advierte del riesgo de que las presiones inflacionistas se extiendan a otros ámbitos de la economía. La entidad destaca que la inflación de los servicios permanece en el 3,9% y señala factores adicionales, como la escasez de capacidad en determinados sectores o el encarecimiento de la vivienda, que dificultan una moderación rápida de los precios. Asimismo, la fortaleza del mercado laboral y la reducción del desempleo podrían favorecer nuevas subidas salariales que acabarían trasladándose, al menos parcialmente, al consumidor.
No todos los análisis apuntan al mismo impacto. Rafael Salas, del ICAE, estima que el incremento pendiente de la inflación durante el otoño será más moderado y rondará las cuatro décimas. En cualquier caso, coincide en que la evolución dependerá de la trayectoria que sigan el petróleo y los costes del refino en los mercados internacionales, el principal foco de incertidumbre en estos momentos.
La tensión geopolítica continúa alimentando esa incertidumbre. Los recientes ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra petroleros en el mar Rojo han reforzado el riesgo sobre una ruta de exportación clave para el suministro mundial de crudo, alternativa al estrecho de Ormuz, por la que circulan alrededor de cuatro millones de barriles diarios.
Ante este escenario, el decreto convalidado por el Congreso incorpora un mecanismo de protección que permitiría restablecer automáticamente una bonificación de 20 céntimos por litro si el Instituto Nacional de Estadística certifica un incremento superior al 15% interanual en el precio de los carburantes. No obstante, la activación de esta medida dependerá tanto de la evolución del mercado energético internacional como del cumplimiento de las condiciones fijadas en la normativa.