(El País, 15-06-2026) | Laboral
Han pasado ya tres años desde el 15 de junio de 2023, fecha en la que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo presentó el estatuto del becario en un acto acompañado por los líderes de CC OO y UGT. En aquella ocasión, la ministra defendió que "se ha acabado el tiempo de pensar en los jóvenes en prácticas como asalariados fantasma", mientras el PSOE expresaba públicamente sus reservas sobre el contenido del texto.
Desde entonces, la iniciativa ha quedado bloqueada en un proceso de negociación prolongado, sin llegar a materializarse en el Boletín Oficial del Estado pese al tiempo transcurrido y a su reiterada presencia en la agenda del Ministerio de Trabajo. El rechazo inicial de los socialistas, la prioridad otorgada a otras reformas y la falta de una mayoría parlamentaria clara han contribuido a mantener el proyecto en punto muerto.
El diseño del estatuto comenzó en la primavera de 2022, con la apertura de conversaciones entre el ministerio, los sindicatos y las organizaciones empresariales. Sin embargo, el proceso ha estado marcado por continuos cambios de rumbo. En otoño de ese mismo año se alcanzó un primer acuerdo con los sindicatos que posteriormente fue descartado para intentar incorporar a la patronal. Aquella primera versión incluía la supresión de las prácticas extracurriculares, consideradas por los sindicatos como una vía de precarización.
Con la reapertura de las negociaciones, se elaboró un nuevo texto que mantenía las prácticas extracurriculares, aunque con limitaciones, sin lograr el apoyo de CEOE y Cepyme. El proyecto también contempla medidas como la compensación de gastos de transporte o manutención para los estudiantes en prácticas.
El 15 de junio de 2023 el Ministerio de Trabajo presentó oficialmente la propuesta, en un contexto político marcado por la proximidad de las elecciones generales del 23 de julio. Sin embargo, apenas unas horas antes del acto, desde el Ministerio de Economía y La Moncloa se trasladaron dudas sobre la madurez del texto, calificándolo de "verde" y señalando la necesidad de mayor trabajo técnico.
Las discrepancias entre el área de Trabajo y los departamentos económicos del Gobierno han sido una constante durante el proceso, tanto en la legislatura anterior como en la actual. A pesar de ello, el proyecto no llegó a tiempo al Consejo de Ministros antes de las elecciones ni en los meses posteriores, en los que otras reformas concentraron la atención política.
No fue hasta noviembre de 2025 cuando el estatuto volvió al Consejo de Ministros, sin modificaciones sustanciales respecto al acuerdo alcanzado con los sindicatos en 2023. Posteriormente, la norma fue remitida al Congreso el 5 de marzo, con un plazo de enmiendas que se ha ido prorrogando en hasta once ocasiones.
Desde el espacio político de Sumar se sostiene que el Ministerio de Trabajo lidera las negociaciones con los grupos parlamentarios, aunque el contenido de estas conversaciones no ha sido detallado públicamente. El departamento dirigido por Yolanda Díaz defiende que se trata de una norma clave para garantizar derechos laborales a los estudiantes en prácticas y evitar el uso fraudulento de la figura del becario.
En el ámbito parlamentario, la situación es incierta. El PNV ha avanzado la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad, al considerar que el texto no incorpora de forma suficiente la perspectiva educativa y ha sido negociado principalmente desde un enfoque laboral. Sin su apoyo, la aprobación del estatuto queda comprometida.
A ello se suma la necesidad de contar con otros socios parlamentarios clave, como Junts, cuyo voto fue determinante en el rechazo de otras iniciativas del Gobierno, como la reducción de la jornada laboral. Con la patronal y diversos actores del ámbito educativo en contra, las opciones de aprobación del proyecto se reducen considerablemente.
Mientras tanto, sindicatos como CC OO y UGT insisten en la necesidad de desbloquear la tramitación y advierten del riesgo de que la norma quede atrapada en la dinámica política. También critican que el proyecto siga sin avanzar tras años de negociación y reclaman al Gobierno que acelere su aprobación para forzar una posición clara de los grupos parlamentarios.
El estatuto del becario no es el único proyecto de la cartera de Trabajo que enfrenta dificultades. Otras iniciativas, como la ampliación del permiso por fallecimiento o la reforma del registro horario, también dependen de complejos equilibrios políticos y de su posterior validación parlamentaria, lo que mantiene en el aire buena parte de la agenda legislativa del departamento.