(Expansión, 15-04-2024) | Fiscal
La enérgica respuesta del Gobierno a través de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contra el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, por proponer que los trabajadores y no las empresas sean quienes paguen al Estado todos los conceptos que gravan sus nóminas, muestra la preocupación por el posible malestar social debido a las altas cargas que soportan los salarios en España. Las constantes subidas de las bases de cotización y del salario mínimo, junto con la falta de ajuste del IRPF ante la histórica subida de la inflación, han elevado al máximo la presión fiscal sobre el empleo.
La coalición PSOE y Unidas Podemos sostiene que aquellos con mayores recursos deben hacer mayores contribuciones a las arcas públicas. Por esta razón, se han implementado tasas extraordinarias sobre los ingresos de la banca y las compañías eléctricas. Sin embargo, la mayor parte de la recaudación del Estado proviene de las contribuciones sociales y los impuestos que afectan a los trabajadores en general, no solo a los de mayores ingresos. A pesar de esto, como son las empresas las que están obligadas a realizar estos pagos a los organismos recaudadores del Estado, su impacto no es tan visible como el de los impuestos que deben pagar directamente los contribuyentes. De hecho, a diferencia de otros países de la zona euro, el 80% de las contribuciones recae sobre los empleadores y el resto sobre los asalariados.
Para los trabajadores con mayores ingresos, la carga máxima representa hasta el 59,5% de su salario bruto, si se suman todos los conceptos, siendo la cuarta más alta entre los países de la OCDE. Pero incluso para el trabajador promedio en España, esta carga es significativamente mayor que la que enfrentan los trabajadores de otros países europeos con mayor poder adquisitivo: alcanza el 39,5%, cinco puntos por encima del promedio en las economías más avanzadas. Este diferencial se ha ampliado debido al aumento de las cotizaciones decretado por el actual Gobierno desde 2018. Y esto es precisamente lo que Yolanda Díaz quiere evitar que sea más evidente para los ciudadanos españoles. Es paradójico que el Gobierno mantenga una campaña publicitaria desde hace meses con el lema "No es magia, son tus impuestos" para destacar la importancia social de las contribuciones al erario público.
Si bien las nóminas de los trabajadores ya incluyen la mayoría de las aportaciones obligatorias para financiar los diversos sistemas de la Seguridad Social (como contingencias comunes, desempleo, formación profesional, etc.), no reflejan todo el costo de cada trabajador para la empresa. La propuesta de la patronal de que los asalariados reciban íntegramente sus remuneraciones en bruto y luego hagan frente a los diferentes pagos a los organismos públicos haría más transparente la verdadera carga fiscal y de cotizaciones que impone el Estado. ¿Por qué un gobierno que promueve la transparencia no quiere aplicar este principio a los salarios de los españoles?
La complejidad técnica no es una justificación válida. Los analistas consultados consideran que en la actualidad, con los recursos tecnológicos disponibles tanto en la Seguridad Social como en Hacienda, sería factible implementar la propuesta de Garamendi.
Este cambio no solo haría más transparente la carga fiscal para cada trabajador, sino que también satisfaría la antigua demanda de las empresas de dejar de actuar como recaudadoras obligatorias del Gobierno. Esta tarea se ha vuelto cada vez más engorrosa y complicada debido a la multiplicación de los regímenes diferenciados para los trabajadores. Los representantes empresariales denuncian que las crecientes cargas sociales y el aumento del costo burocrático están reduciendo considerablemente su margen para aumentar los salarios de sus empleados, especialmente en un contexto donde la mayoría de los costos se han disparado debido a la inflación.