(Expansión, 02-04-2026) | Laboral
El sistema requiere 52.990 millones de euros en transferencias, lo que supone un aumento del 10% respecto al año anterior, además de un préstamo de 10.003 millones destinado a cubrir los pagos de pensiones y otras prestaciones contributivas.
Actualmente, una cuarta parte del gasto en pensiones no se financia con cotizaciones sociales de trabajadores y empresas, sino con aportaciones procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, de los impuestos. En concreto, estas transferencias representan el 24% de los ingresos de la Seguridad Social destinados a afrontar pensiones y prestaciones contributivas.
En 2025, el sistema de pensiones recibió transferencias por un total de 52.990 millones de euros, lo que implica un incremento de 4.870 millones respecto al año anterior. A esta cantidad se añade un préstamo de 10.003 millones -establecido inicialmente en los Presupuestos de 2023 y prorrogado posteriormente- que se utilizó íntegramente para financiar pensiones y prestaciones, cuyo coste total alcanzó los 240.169 millones de euros. Así, además de los ingresos habituales por cotizaciones, que ascendieron a 176.918 millones (un 6,8% más, con un aumento de 11.41 millones), la aportación procedente de impuestos llegó a 62.993 millones de euros.
Conviene señalar que tanto la reforma de las pensiones como las recomendaciones del Pacto de Toledo han consolidado estas transferencias como un elemento clave para equilibrar las cuentas del sistema. De hecho, sin estas aportaciones externas, el déficit de la Seguridad Social superaría los 60.000 millones de euros, una cifra muy superior a los 7.387 millones comunicados oficialmente, que incluyen todas las fuentes de financiación. Ese desfase se conoce como déficit contributivo.
Aunque el recurso a esta financiación adicional no es nuevo, en épocas de mayor equilibrio del sistema apenas alcanzaba los 8.000 millones (7.827 millones en 2005). Sin embargo, estas aportaciones han crecido de forma notable desde 2019, cuando el actual Gobierno retomó la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Entre 2005 y 2018, las transferencias aumentaron en 10.254 millones (un 131%), mientras que entre 2018 y 2025 el incremento ha sido de 34.909 millones (un 193%).
Como consecuencia del aumento de estos compromisos financieros, la deuda de la Seguridad Social -derivada en gran parte de los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General- alcanzó los 135.000 millones de euros el pasado año, lo que supone un 7,9% más que en 2024, según el Banco de España.
Desde el Gobierno se defiende que la financiación mediante ingresos tributarios es una práctica común en otros países europeos, ante la insuficiencia de las cotizaciones para cubrir el gasto en prestaciones contributivas. No obstante, algunos expertos advierten de que el gasto en pensiones podría aumentar al menos 3,5 puntos del PIB (desde el 13% actual), lo que obligaría a que la aportación estatal supere los 7 puntos del PIB anual, con el consiguiente impacto en la renta disponible de las futuras generaciones.