(El País, 17-03-2026) | Fiscal
El mayor esfuerzo fiscal de los españoles se produce aproximadamente alrededor de los 50 años. Esta etapa suele coincidir con el momento de mayor desarrollo profesional y con los ingresos laborales más altos, lo que provoca que los impuestos vinculados al trabajo, como el IRPF y las cotizaciones sociales, alcancen su nivel más elevado. Este máximo no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio que refleja cómo se generan y se distribuyen los recursos económicos a lo largo de la vida.
La configuración del sistema tributario explica en buena medida este comportamiento. Las cotizaciones sociales y el IRPF son los tributos que más pesan sobre el contribuyente medio y evolucionan de forma paralela a la trayectoria laboral. Por ello, aumentan progresivamente hasta el momento en que se alcanzan los mayores ingresos y después disminuyen, dibujando una especie de curva ascendente que posteriormente se suaviza. En cambio, los impuestos ligados al consumo siguen una dinámica algo distinta: el tipo efectivo medio del IVA crece hasta situarse en torno a los 45 o 50 años y, a partir de ahí, comienza a descender.
Este patrón se comprende mejor si se analiza dentro del denominado ciclo económico de la vida, un enfoque que permite observar cómo funcionan las cuentas intergeneracionales y cómo se financia el consumo en cada etapa vital. En este contexto, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicó recientemente el estudio Cuentas generacionales de los miembros de los hogares, que identifica diferentes fases de déficit y superávit económico a lo largo de la vida y muestra cómo operan los mecanismos de redistribución de recursos entre generaciones y en distintos momentos del tiempo.
El informe, elaborado por los economistas Julio López Laborda, Carmen Marín, Jorge Onrubia y Ángel de la Fuente a partir de datos de 2022, concluye que España reproduce el patrón habitual de las economías desarrolladas. Durante la infancia y buena parte de la juventud predomina un déficit económico, ya que los ingresos son inexistentes o muy reducidos mientras el consumo continúa. Los menores de 16 años, por ejemplo, no cuentan con ingresos propios y dependen del apoyo familiar y de las transferencias públicas para cubrir sus gastos. Incluso después de incorporarse al mercado laboral, los menores de 30 años, de media, aún no generan recursos suficientes para financiar completamente su consumo. En este sentido, el hogar actúa como un mecanismo de protección frente a la falta temporal de ingresos en las primeras etapas de la vida. Además, el tratamiento de la vivienda en propiedad -que se contabiliza tanto como renta imputada como consumo privado- refuerza esta redistribución dentro de la familia.
El cambio se produce a partir de los 30 años. Durante las décadas centrales de la vida laboral, los ingresos procedentes del trabajo crecen y superan claramente al consumo, lo que genera un superávit económico. Ese excedente permite sostener transferencias hacia otros miembros del hogar, como hijos u otros dependientes, y también contribuye a financiar buena parte del sistema público mediante el pago de impuestos y cotizaciones sociales. De hecho, el saldo de transferencias netas alcanza su valor más negativo alrededor de los 50 años, lo que indica que en ese momento las personas actúan, en promedio, como financiadores netos del resto de la sociedad.
Entre los 50 y los 65 años, el perfil económico comienza a modificarse de forma gradual. Los ingresos laborales y la carga fiscal empiezan a reducirse, mientras que ganan peso los rendimientos del ahorro y de los activos acumulados. Con el paso del tiempo, estos ingresos van dejando protagonismo a las pensiones, que se convierten en la principal fuente de recursos tras la jubilación. En esta etapa, el equilibrio entre ingresos y consumo vuelve a depender en gran medida de mecanismos de redistribución, tanto públicos como privados.
Las cuentas generacionales de Fedea muestran así que el funcionamiento económico entre generaciones se apoya en tres pilares fundamentales. El primero es el sector público, que redistribuye recursos mediante pensiones, prestaciones en especie y servicios como la sanidad o la educación. El segundo es la familia, que financia gran parte del consumo de los jóvenes a través de transferencias dentro del hogar. Y el tercero es el ahorro y la acumulación de activos, cuyo papel se vuelve más relevante conforme aumenta la edad. En conjunto, estos mecanismos permiten que los superávits generados en las etapas centrales de la vida -cuando también se concentra el mayor esfuerzo fiscal- compensen los déficits que se producen al inicio y al final del ciclo vital.