(Cinco Días, 15-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno afronta la recta final de la legislatura con una importante acumulación de asuntos pendientes en materia de regulación financiera. Si se apuran los plazos disponibles, el Ejecutivo dispone de unos diez meses para sacar adelante alrededor de media docena de iniciativas que afectan a distintos ámbitos del sector. Varias de ellas responden además a la necesidad de incorporar al ordenamiento español directivas europeas, por lo que los retrasos en su aprobación pueden acabar derivando en procedimientos y posibles sanciones por parte de la Comisión Europea. Entre las normas pendientes figuran la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, la Ley de Digitalización del Sector Financiero, la nueva regulación del Crédito al Consumo, la normativa sobre Entidades de Economía Social y Finanzas Éticas, la reforma de la legislación antiblanqueo y la adaptación de la última directiva europea sobre requisitos de capital.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pretende acelerar esta agenda durante los próximos meses. Una de las prioridades será recuperar la tramitación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, el proyecto que se encuentra en una fase más avanzada. La intención del Ejecutivo es llevarlo a la Comisión de Economía del Congreso durante septiembre, después de permanecer cerca de tres años bloqueado en el periodo de presentación de enmiendas. El organismo asumiría la resolución de las reclamaciones de los clientes financieros y concentraría funciones que actualmente desarrollan el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La trayectoria de esta iniciativa refleja las dificultades que está encontrando buena parte de la agenda legislativa. El Gobierno planteó por primera vez la creación de esta autoridad en 2022, cuando Nadia Calviño ocupaba la cartera de Economía. El proyecto llegó a completar prácticamente todo su recorrido parlamentario, pero decayó tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas en 2023. Posteriormente, el Ejecutivo volvió a impulsarlo con el objetivo de aprobarlo en 2024, aunque dos años después continúa pendiente de culminar su tramitación. Ahora el Gobierno confía en que pueda quedar aprobado en los próximos meses y que la nueva autoridad empiece a funcionar antes de que termine el año.
El complejo escenario parlamentario no parece, al menos inicialmente, un obstáculo insalvable para esta norma. A pesar de las reticencias mostradas por el sector bancario y de las dificultades que ha atravesado el proyecto, el Ejecutivo confía en reunir una mayoría suficientemente amplia, incluso con el respaldo o la abstención de formaciones como el PP. En cambio, el resto de iniciativas presenta mayores incertidumbres. La futura orientación de estas leyes dependerá en buena medida de la capacidad del actual Gobierno para completar su tramitación, pero también de las decisiones que adopte el Ejecutivo que salga de las próximas elecciones, que podría recuperar los proyectos, modificarlos o incluso descartarlos.
Entre las iniciativas que ya han iniciado su recorrido parlamentario se encuentra la Ley de Digitalización del Sector Financiero, remitida por el Consejo de Ministros al Congreso el pasado 14 de julio y actualmente en fase de enmiendas. La norma aborda diferentes materias relacionadas con la transformación tecnológica del sector e incluye, entre otras cuestiones, la adaptación de la legislación española al marco europeo sobre criptoactivos, conocido como MiCA. El calendario legislativo de este otoño estará marcado, por tanto, por tres grandes objetivos: reforzar la protección de los clientes financieros, adaptar el sistema a la creciente digitalización y fortalecer los mecanismos de prevención y control de las operaciones financieras. La principal dificultad será conseguir los acuerdos parlamentarios necesarios para aprobar cada una de estas reformas.
En este contexto, las obligaciones derivadas de la normativa europea pueden convertirse en uno de los principales motores para acelerar la tramitación. Los retrasos no solo prolongan la incertidumbre regulatoria, sino que pueden concentrar en periodos muy reducidos los plazos de adaptación que deberán asumir posteriormente las entidades financieras. Por ello, el diálogo entre la Administración, los grupos parlamentarios, los organismos supervisores, las entidades y las asociaciones de usuarios adquiere especial importancia para detectar con antelación las dificultades prácticas que puedan generar las nuevas obligaciones.
La Ley sobre el Crédito al Consumo se encuentra, sin embargo, en una fase mucho más temprana. Se trata de una de las propuestas que está generando mayor controversia, especialmente por la intención de establecer límites a los tipos de interés aplicables a determinados préstamos al consumo. Las entidades financieras han mostrado su oposición a algunos de sus contenidos y han reclamado modificaciones. Bankinter, incluso, ha anunciado que abandonará este negocio para nuevos clientes. El proyecto fue aprobado inicialmente como anteproyecto por el Consejo de Ministros y, tras pasar por el proceso de consulta pública, todavía debe recibir los informes de otros departamentos ministeriales y del Consejo de Estado antes de regresar al Consejo de Ministros y ser remitido al Parlamento. El calendario añade presión, ya que la norma debe incorporar a España una directiva europea cuyo plazo de transposición finaliza en noviembre.
También se encuentra en una etapa inicial la futura Ley de Entidades de Economía Social y Finanzas Éticas, que permanece a la espera del dictamen del Consejo de Estado. Su tramitación ha estado acompañada además de discrepancias dentro del propio Ejecutivo, principalmente entre los ministerios de Trabajo y Economía. Esta falta de acuerdo interno añade otro elemento de incertidumbre a una norma que todavía tiene por delante buena parte de su recorrido legislativo.
Más retrasada aún está la nueva normativa antiblanqueo, cuyo anteproyecto fue presentado por el Consejo de Ministros en julio y se encuentra actualmente en fase de consulta pública, abierta hasta el 30 de enero de 2027. Entre sus principales novedades figura la creación de un nuevo organismo especializado en la lucha contra el blanqueo de capitales, que se apoyaría en la estructura del actual Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una vez trasladadas sus actuales funciones al Banco de España y sus participaciones en CaixaBank al Ministerio de Economía. Por el momento, esta reforma tiene por delante prácticamente todo el proceso de elaboración y aprobación parlamentaria.
A todo ello se suma la incertidumbre sobre la transposición en España de la nueva directiva europea de capital, cuyo plazo para su incorporación completa al ordenamiento nacional terminó en enero de este año. La Comisión Europea ya ha abierto un procedimiento contra España por este incumplimiento, que podría terminar desembocando en una sanción. Uno de los elementos más sensibles de esta regulación es la modificación de las competencias de los Gobiernos nacionales para intervenir o vetar determinadas operaciones de concentración bancaria. La cuestión adquiere especial relevancia en España después de que el Ejecutivo utilizara el pasado año la legislación de Defensa de la Competencia para imponer condiciones a la opa del BBVA sobre Sabadell.
El resultado es una agenda financiera especialmente exigente para los próximos meses, en la que coinciden proyectos nacionales todavía pendientes de acuerdos parlamentarios y obligaciones europeas cuyo incumplimiento puede tener consecuencias económicas. La capacidad del Gobierno para desbloquear estas iniciativas estará condicionada no solo por el calendario legislativo, sino también por la aritmética parlamentaria y por la proximidad del final de la legislatura. En este escenario, la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero aparece como el proyecto con mayores posibilidades de culminar, mientras que el resto de reformas afronta un recorrido más incierto y, en algunos casos, un calendario europeo que limita considerablemente el margen de maniobra.