(Expansión, 03-09-2026) | Laboral
Bill Gates plantea el concepto de «Human Reserved», una propuesta que aboga por mantener bajo control humano determinadas actividades cuyo valor social va más allá de la eficiencia económica o tecnológica. Durante años, la principal respuesta ante el temor de que la inteligencia artificial destruyera puestos de trabajo ha sido la formación y el reciclaje profesional. La idea parecía sencilla: si una máquina automatiza una tarea, el trabajador debe adquirir nuevas capacidades para desempeñar otra función. Sin embargo, cada vez existen más indicios de que esta estrategia, aunque necesaria, puede no ser suficiente.
Anthropic analizó en agosto 56 experimentos sobre programas de formación laboral desarrollados en Estados Unidos y los contrastó con datos del mercado de trabajo europeo. Sus conclusiones apuntan a que la formación incrementa entre dos y tres puntos porcentuales las posibilidades de encontrar empleo y eleva los ingresos en torno a 1.000 dólares anuales, con un coste aproximado de 13.000 dólares por participante. Algunos programas vinculados directamente a empresas y sectores concretos consiguen resultados considerablemente mejores, aunque trasladar esos modelos a gran escala resulta complicado. Si la IA termina provocando una sustitución masiva de trabajadores, los mecanismos de formación existentes podrían quedarse cortos.
En este contexto cobra relevancia la reflexión planteada por Bill Gates en su último ensayo. El fundador de Microsoft desplaza el debate hacia dos cuestiones de mayor calado: quién debe asumir el coste económico de la transición cuando las empresas sustituyen trabajadores por tecnología y si toda actividad susceptible de ser automatizada debería necesariamente dejar de realizarse por personas.
La primera cuestión afecta directamente al sistema fiscal. La sustitución de empleados, que aportan ingresos al Estado mediante el IRPF y las cotizaciones sociales, por máquinas o sistemas de inteligencia artificial puede reducir la recaudación precisamente en un momento en el que aumentan las necesidades de financiación para sostener el desempleo, la formación y las políticas de protección social. Gates plantea por ello revisar el equilibrio fiscal entre trabajo y capital e incluso recuperar ideas como establecer algún tipo de tributación sobre los robots o sobre el consumo de tokens de inteligencia artificial.
No es una propuesta nueva. Ya en 2017 Gates defendió que, si un robot sustituía a un trabajador con un salario de 50.000 dólares, debía plantearse por qué la actividad automatizada no debía asumir una carga fiscal equivalente. Aquella propuesta generó numerosas críticas porque un impuesto sobre los robots podría terminar penalizando la inversión y las mejoras de productividad. Ahora su planteamiento incorpora otro elemento: destinar parte de los ingresos obtenidos mediante esa fiscalidad a financiar la transición de los trabajadores afectados por la automatización.
El debate continúa abierto. El Fondo Monetario Internacional ha señalado que algunos sistemas tributarios pueden incentivar en exceso las inversiones que sustituyen mano de obra, aunque también ha advertido de los inconvenientes de establecer un impuesto específico sobre la inteligencia artificial. La principal dificultad reside en distinguir entre una tecnología que elimina directamente un puesto de trabajo y otra que permite a un empleado realizar el doble de trabajo en el mismo periodo. Una fiscalidad que no diferenciara ambos escenarios podría acabar penalizando inversiones que aumentan la productividad sin reducir el empleo.
La segunda cuestión planteada por Gates tiene una dimensión diferente. Se refiere a la posibilidad de que determinadas actividades deban permanecer en manos humanas aunque una máquina llegue a realizarlas con la misma eficacia o incluso mejor. A esta idea la denomina «Human Reserved».
La propuesta no consiste en prohibir la tecnología en profesiones completas, sino en establecer distintos niveles de protección para determinadas funciones. Algunos trabajos relacionados con los cuidados podrían seguir requiriendo una intervención humana directa, mientras que en ámbitos como la sanidad o la educación la inteligencia artificial podría utilizarse para ampliar las capacidades de los profesionales en lugar de reemplazarlos. También plantea que determinados trabajadores próximos a la jubilación puedan disponer de una protección temporal cuando una reconversión profesional completa resulte poco viable.
El fondo de la cuestión es determinar qué actividades queremos conservar con una persona en el centro porque su valor no puede calcularse únicamente en términos de productividad, coste o tiempo. La atención médica, el cuidado de un menor, la decisión de un juez o el acompañamiento de una persona vulnerable incorporan dimensiones sociales y humanas que difícilmente pueden reducirse a una comparación de costes.
La eficiencia seguiría siendo un factor importante, pero dejaría de ser el único criterio para determinar qué tareas deben automatizarse. De hecho, las sociedades ya establecen límites a la automatización de determinadas decisiones. La normativa europea sobre inteligencia artificial contempla la supervisión humana en determinados sistemas de alto riesgo, mientras que numerosas profesiones reguladas exigen licencias, firmas o responsabilidades personales para garantizar que determinadas decisiones tengan detrás a una persona identificable.
El verdadero desafío será decidir hasta dónde deben ampliarse esas fronteras a medida que las máquinas sean capaces de asumir un número creciente de funciones. El riesgo es especialmente relevante si la transición laboral resulta más lenta o complicada de lo esperado. Los nuevos puestos pueden tardar en aparecer, localizarse en otros territorios o exigir conocimientos que los trabajadores desplazados no puedan adquirir rápidamente.
El Fondo Monetario Internacional también ha advertido de que la inteligencia artificial puede incrementar simultáneamente los ingresos de los profesionales que mejor complementan esta tecnología y los rendimientos del capital, favoreciendo un aumento de la desigualdad incluso en un escenario de mayor productividad global. Ante esta perspectiva, cuestiones como quién controla los sistemas de inteligencia artificial, cómo se grava el capital generado por ellos y cómo se distribuyen los beneficios derivados de una mayor productividad dejan de ser únicamente asuntos fiscales para convertirse también en cuestiones laborales y sociales.
Por tanto, el debate sobre la IA ya no se limita a determinar cómo preparar a los trabajadores para competir con las máquinas. También obliga a decidir cómo repartir la riqueza generada por la automatización, quién debe asumir los costes de la transformación y, sobre todo, qué actividades queremos preservar dentro de la esfera humana incluso cuando la tecnología permita realizarlas de forma más eficiente.