(El Economista, 03-06-2026) | Laboral
El 7 de junio expira el plazo para que España incorpore a su normativa laboral la directiva europea de transparencia salarial, una medida destinada a reducir la discriminación y acabar con el secreto retributivo. Sin embargo, la única certeza a estas alturas es que el Gobierno no cumplirá ese calendario. El Ministerio de Trabajo reconoce que trabaja con un horizonte de varias semanas para tener listo un borrador de real decreto que pueda ser debatido con patronal y sindicatos, pese a insistir en que se trata de una norma "urgente" y "prioritaria".
El departamento que dirige Yolanda Díaz no activó a finales de abril el trámite de consulta pública previa, el paso habitual para recabar aportaciones de agentes sociales y otros actores antes de iniciar la redacción normativa. La idea es aprobar un real decreto -de rango inferior al decreto ley y que evita su paso por el Congreso- para trasladar al ordenamiento español la directiva europea aprobada hace tres años por el Parlamento y el Consejo de la UE. Sin embargo, por ahora no existe aún un texto concreto que llevar a la mesa del diálogo social.
El secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha admitido que, aunque no se llegue a tiempo, España dispone de un "plazo razonable" para adaptarse y ha recordado que la norma no contó con un apoyo unánime entre los 27 Estados miembros. Aun así, ha reiterado que la transparencia salarial es una prioridad del departamento y ha subrayado el papel activo que jugó España en la aprobación de la directiva en Bruselas.
Según el Ministerio, ya se han impulsado otros instrumentos en la misma línea para reducir la brecha salarial de género, como los planes de igualdad o medidas de transparencia retributiva, lo que, a su juicio, deja al país en una posición avanzada para aplicar la nueva regulación. No obstante, el proyecto sigue sin llegar al Consejo de Ministros.
Trabajo prevé disponer en "días" o "semanas" de un texto inicial que será sometido a consulta de los interlocutores sociales. A partir de ahí, comenzará el proceso de negociación, sin un calendario cerrado para su aprobación definitiva, en una norma que ha generado gran expectación en los departamentos de recursos humanos de las empresas.
La directiva 2023/970 obligará a las compañías a analizar sus estructuras salariales y detectar posibles brechas de género superiores al 5%, frente al umbral actual del 25%. Además, las empresas deberán facilitar a los trabajadores información sobre la comparación de sus salarios con los de sus compañeros y justificar cualquier diferencia con criterios objetivos. También se exigirá incluir rangos salariales en las ofertas de empleo, algo que hoy solo ocurre en una minoría de vacantes en España.
La normativa prohíbe además las cláusulas de confidencialidad salarial en los contratos y veta preguntar a los candidatos por su historial retributivo. El objetivo de Bruselas es reforzar la posición de los trabajadores en las negociaciones salariales y combatir prácticas que, según la Comisión Europea, afectan especialmente a las mujeres.
Queda por ver cómo se trasladarán estas exigencias al derecho español. El Ejecutivo ha optado por la vía del real decreto para evitar un posible bloqueo parlamentario, aunque esta fórmula limita el alcance de los cambios sobre la legislación vigente, lo que podría reducir el impacto real de la reforma respecto a lo previsto inicialmente.