(Expansión, 23-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno de coalición integrado por PSOE y Sumar vivió el viernes una fuerte crisis interna cuando el socio minoritario se negó a participar en el Consejo de Ministros hasta lograr que se incorporaran medidas sobre vivienda dentro del plan para hacer frente al impacto económico de la guerra en Irán. Esta negativa provocó un retraso de más de dos horas en el inicio de la reunión, prevista para las 09:30, y terminó con la aprobación de un segundo real decreto centrado en la congelación de los alquileres, aunque con pocas probabilidades de ser convalidado por el Parlamento, lo que implicaría su caída en el plazo de un mes.
Por un lado, el Ejecutivo aprobó el paquete principal de 80 medidas, con una dotación de 5.000 millones de euros para responder a la crisis en Oriente Próximo. Este plan se someterá a votación la próxima semana mediante un trámite urgente y, en principio, cuenta con opciones de salir adelante. De hecho, tanto el Partido Popular como Junts -que junto a Vox han rechazado anteriormente otros decretos del Gobierno- mostraron disposición a apoyarlo al considerar que incluye rebajas fiscales similares a las que venían defendiendo.
El segundo decreto contempla la ampliación automática durante dos años de los contratos de alquiler que finalicen en 2026 y 2027, además de fijar un límite del 2% a las subidas anuales de las rentas. El propio presidente, Pedro Sánchez, restó relevancia al conflicto interno, aunque admitió que esta segunda norma no cuenta, por ahora, con los apoyos necesarios para ser aprobada en el Congreso. Aunque entrará en vigor tras su publicación en el BOE, previsiblemente perderá efecto en un mes si no logra la convalidación parlamentaria.
Por el momento, el Partido Popular ya ha anunciado su rechazo frontal, calificando la situación como un "chantaje" por parte de Sumar, mientras que otras formaciones como Junts y el PNV no han fijado aún una posición clara.
La reacción del ámbito empresarial también ha sido muy crítica. Las organizaciones CEOE y Cepyme expresaron su oposición a estas medidas, al considerar que imponen restricciones injustificadas sobre el mercado del alquiler, afectan al derecho a la propiedad privada y generan inseguridad jurídica.
Según las patronales, este tipo de intervenciones, incluidas dentro de un paquete extraordinario ligado a la crisis energética, desincentivan la oferta de vivienda, frenan la inversión y pueden agravar las dificultades de acceso en lugar de resolverlas. Además, atribuyen la aprobación del decreto a una presión política dentro del propio Gobierno.
Desde Sumar, sin embargo, defendieron la medida. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que su prioridad era proteger a la ciudadanía frente al principal problema actual, la vivienda, y destacó que se negoció hasta el último momento para lograrlo. Según sus estimaciones, la iniciativa beneficiará a unos 2,7 millones de personas. Por su parte, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, calificó el decreto como muy positivo y afirmó que el Gobierno sale reforzado tras este episodio.