(El País, 15-10-2026) | Fiscal
El dato definitivo del Índice de Precios de Consumo (IPC) de septiembre, publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), confirma que las ayudas extraordinarias a la gasolina y el diésel continuarán vigentes. El encarecimiento de los carburantes ha superado el umbral del 15% establecido para mantener las rebajas fiscales máximas contempladas en el tercer paquete de medidas anticrisis, aprobado el pasado 29 de septiembre y cuya convalidación está prevista para este viernes en el Congreso. El INE también ha ratificado que la inflación interanual alcanzó el 4,9% el mes pasado, mientras que la tasa subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y la energía, subió hasta el 3,1%. Según los economistas, estos datos apuntan a que la economía española podría haber alcanzado el punto máximo de la actual escalada inflacionista, impulsada por el conflicto en Oriente Próximo, las tensiones en el estrecho de Ormuz y el aumento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados.
El último real decreto del escudo anticrisis incorpora un mecanismo que condiciona el nivel de las rebajas fiscales a la evolución de los precios energéticos. Para conservar las ayudas en su cuantía máxima, los productos energéticos debían registrar un encarecimiento superior al 15% respecto a septiembre de 2025. Las previsiones anticipaban que los carburantes rebasarían ese límite, como finalmente ha sucedido. De acuerdo con el INE, los combustibles y lubricantes para vehículos se han encarecido más de un 30% en un año, con aumentos del 34% en el gasóleo y del 27% en la gasolina. En consecuencia, durante noviembre se mantendrá la rebaja máxima de 20 céntimos por litro en el impuesto sobre hidrocarburos para ambos combustibles. En diciembre, el descuento será de al menos 13 céntimos por litro, lo que evitará una reducción de las ayudas respecto al calendario inicialmente previsto. La convalidación del decreto corresponde esta semana a la Diputación Permanente del Congreso, al encontrarse las Cortes disueltas tras el adelanto electoral.
El paquete fiscal también contempla ayudas directas para los transportistas profesionales que pueden acogerse a la devolución parcial del impuesto sobre el gasóleo. Estos recibirán cinco céntimos por litro en octubre, 12 céntimos en noviembre y 19 céntimos en diciembre. Los profesionales que no tienen acceso a este mecanismo, como determinados transportistas de mercancías con vehículos de menor tonelaje y los dedicados al transporte de viajeros, disponen de compensaciones directas cuya cuantía depende del tipo de vehículo. Además, las medidas prolongan hasta el 31 de diciembre las ayudas extraordinarias al combustible para los sectores agrícola y pesquero, con el propósito de aliviar el incremento de sus costes de explotación.
La evolución de la electricidad, en cambio, no ha alcanzado el nivel necesario para activar las rebajas fiscales previstas. El INE ha confirmado que el precio de la luz aumentó un 11,4% en comparación con el mismo mes del año anterior, una cifra que coincide con las estimaciones de Funcas, BBVA Research y el Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE). Aunque la subida supera el 10%, se mantiene más de tres puntos por debajo del umbral del 15% exigido para aplicar las medidas. Por este motivo, el IVA de la electricidad no volverá al 10% y el Impuesto Especial sobre la Electricidad no se reducirá al 0,5%, por lo que ambos seguirán sujetos a sus tipos generales.
Las previsiones sobre la electricidad eran menos claras que las relativas a los carburantes. Por una parte, existía presión al alza derivada de la revisión de los precios de comercialización. El ICAE había señalado que las ofertas de las compañías en el mercado libre podían ser un factor determinante en la evolución de la tasa. Por otra, la estructura del mercado eléctrico contribuye a moderar el traslado de las variaciones de los precios mayoristas a los consumidores. Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, ha explicado que para superar el límite interanual del 15% habría sido necesario un incremento mensual del 5,6%. Una subida de esa magnitud resultaba poco probable, ya que los contratos a plazo amortiguan las oscilaciones del mercado mayorista y retrasan su repercusión en las facturas domésticas.
Aunque no se activarán nuevas rebajas fiscales en la factura eléctrica, el Gobierno mantiene otras medidas para contener los gastos de calefacción y proteger a los hogares más vulnerables al inicio del invierno. Entre ellas figura el límite aplicado a la tarifa de último recurso (TUR) del gas natural, que restringe al 35% el incremento del coste de la materia prima en la revisión de octubre, frente a una subida cercana al 50% que habría resultado de aplicar directamente la evolución de las cotizaciones internacionales. También continúa el tope al precio de la bombona de butano y se mantiene la protección del bono social eléctrico, que ofrece descuentos de entre el 25% y el 40% a los hogares beneficiarios e impide interrumpir el suministro por impago a las familias en riesgo de exclusión social.
En los supermercados, los precios presentan una evolución más moderada. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron un 2,7% interanual, aunque los productos frescos continúan registrando aumentos superiores a la media. Las frutas, las hortalizas y otros productos de la huerta concentran buena parte de las subidas. Entre los mayores incrementos figuran los de las bayas, cuyos precios se aproximan a un 50% más que hace un año; los tomates, los pimientos y los pepinos, con aumentos cercanos al 17%; y los huevos, que han subido más de un 12%.
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa sostiene que las medidas anticrisis han amortiguado el efecto de la guerra en Irán sobre el coste de la vida. Según sus cálculos, las ayudas han contenido aproximadamente la mitad del impacto que el conflicto habría tenido sobre los precios y han reducido el IPC hasta un punto en algunos meses. Sin embargo, el Banco de España ha estimado recientemente que los tres paquetes de medidas tendrán un coste para las cuentas públicas equivalente a medio punto del PIB, alrededor de 12.000 millones de euros.