(El Economista, 22-10-2025) | Fiscal
El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido posponer hasta 2026 su sentencia sobre la legalidad del Impuesto sobre el Patrimonio, prolongando la incertidumbre para los 200.000 contribuyentes que han abonado 6.713 millones de euros por este tributo en los últimos cuatro años.
El alto tribunal admitió a trámite en abril de 2021 el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular (PP), que cuestiona la forma en que el Gobierno de Pedro Sánchez hizo permanente este impuesto a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Los populares sostienen que esta norma no puede utilizarse para introducir modificaciones estructurales en un tributo, salvo que la propia ley lo permita expresamente.
El PP argumenta, además, que el Ejecutivo prácticamente reintrodujo un impuesto que había sido suprimido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 y que se recuperó de forma temporal en 2011 y 2012. Posteriormente, el Gobierno de Mariano Rajoy prorrogó su vigencia en 2013 y 2014, hasta que el Ejecutivo de Sánchez decidió convertirlo en permanente en los Presupuestos de 2021, prolongando así una medida que, en principio, debía ser transitoria.
El Constitucional tenía previsto resolver el recurso durante 2024, pero el fallo se ha aplazado nuevamente, y, según fuentes fiscales consultadas por este diario, la resolución no se conocerá hasta 2026. Una posible sentencia en contra del impuesto supondría un duro golpe para las cuentas públicas, ya que el Estado tendría que devolver hasta 6.700 millones de euros, además de los intereses de demora correspondientes.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha venido limitando en los últimos años el alcance de las devoluciones, con el argumento de preservar la seguridad jurídica. Esto implica que solo podrían beneficiarse quienes impugnaron la liquidación del impuesto por la vía administrativa o judicial y no cuentan aún con una resolución firme en contra. Así procedió la Corte en casos anteriores, como la anulación del cálculo de la plusvalía municipal o la declaración de inconstitucionalidad parcial de algunos Reales Decretos-leyes de 2016 impulsados por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que endurecieron el Impuesto sobre Sociedades.
Por este motivo, los fiscalistas aconsejan desde 2021 a los contribuyentes pagar primero el impuesto y recurrir después su liquidación, de manera que puedan reclamar una devolución en caso de que el Constitucional falle a su favor.
La recaudación del Impuesto sobre el Patrimonio ha aumentado de forma significativa entre 2021 y 2024 -ejercicio liquidado en la primavera de 2025- debido a la reactivación del tributo en varias comunidades autónomas, como Madrid, Andalucía y Galicia, tras la aprobación en 2022 del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas por parte del Gobierno central. En cifras, Hacienda ingresó 1.352 millones de euros en 2021, 1.250 millones en 2022, 1.978 millones en 2023 y 2.133 millones en 2024, lo que representa un incremento del 58% en cuatro años.
El salto más notable se produjo a partir de 2023, cuando estas tres comunidades reintrodujeron el impuesto para evitar que el Estado se apropiara de la recaudación procedente de los grandes patrimonios mediante el nuevo tributo a las fortunas, que actuaba como impuesto complementario al de Patrimonio en las regiones donde este estaba bonificado. Así, cuanto más se demora la sentencia del Constitucional, mayor es la cantidad de dinero en juego que podría verse afectada por futuras devoluciones.