(El Economista, 17-02-2026) | Laboral
El Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado estudiar una cuestión de inconstitucionalidad relativa a los medios adecuados de solución de controversias (MASC), una de las principales reformas impulsadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que lleva menos de un año en vigor.
La Ley de Eficiencia de la Justicia exige desde el 3 de abril intentar una negociación previa antes de acudir a los tribunales en asuntos civiles y mercantiles -como disputas societarias, cláusulas bancarias, determinados casos de ocupación, conflictos de alquiler, incumplimientos contractuales o procesos de divorcio y custodia-. Sin ese intento acreditado, la demanda puede ser inadmitida.
El tribunal deberá determinar si esta obligación constituye un obstáculo al derecho de acceso a la justicia, al exigir demostrar previamente que se ha intentado resolver el conflicto por vías alternativas. Según José Miguel Blasco, socio del área civil y procesal de Net-Craman, la admisión a trámite indica que existen dudas razonables sobre si este requisito vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Añade que la situación genera incertidumbre jurídica, ya que cuestiona un elemento procesal clave para planificar litigios. Si finalmente se declarara inconstitucional, desaparecería la exigencia de negociación previa, facilitando acudir directamente a los tribunales, aunque también podría frustrar la estrategia de reducir la judicialización de conflictos.
Por su parte, Tomás Villatoro, especialista en derecho procesal y resolución alternativa de disputas en Ius + Aequitas Trial Lawyers, señala que el análisis del Constitucional girará previsiblemente en torno al artículo 24 de la Constitución, que garantiza la tutela judicial efectiva. El tribunal deberá valorar si imponer un mecanismo extrajudicial como condición para demandar es una carga proporcionada o si, en determinados casos, se convierte en una barrera excesiva. A su juicio, el debate no se centra en la utilidad de estos sistemas, sino en su compatibilidad con la Constitución.
Desde la entrada en vigor de la ley, los MASC han generado una intensa controversia entre los profesionales del derecho. Se han cuestionado tanto su diseño técnico como sus efectos reales sobre el acceso a la justicia, lo que ha derivado en interpretaciones dispares por parte de los tribunales. Diferentes salas de los Tribunales Superiores de Justicia han fijado criterios propios sobre los aspectos más polémicos del requisito, sin que exista aún una doctrina unificada, lo que obliga a los abogados a desenvolverse en un contexto de inseguridad jurídica y diferencias territoriales.
Ahora corresponde al Constitucional establecer un criterio claro que aporte coherencia y estabilidad al sistema. Para ello, el tribunal ha solicitado alegaciones al Congreso, al Senado, al Gobierno y a la Fiscalía General del Estado, que disponen de 15 días para pronunciarse. Este procedimiento sitúa en el foco público una de las reformas más relevantes del Ejecutivo y lo obliga a defender su legalidad.