(El País, 19-01-2026) | Laboral
El estatuto del becario avanza un nuevo paso en su tramitación al quedar más cerca de ser debatido en el Congreso de los Diputados. Este viernes, el Consejo Económico y Social ha aprobado el dictamen sobre el anteproyecto de ley, cuyo objetivo es compensar los gastos de los estudiantes en prácticas y restringir las prácticas extracurriculares, consideradas las más precarias. Este informe era un trámite imprescindible para que el texto regrese al Consejo de Ministros para una segunda aprobación.
El dictamen evita pronunciarse de forma clara sobre el contenido de la norma. Su redacción ambigua ha permitido que salga adelante con 47 votos favorables y uno en contra -emitido por el sindicato gallego CIG- dentro de un órgano donde la representación empresarial es mayoritaria y pese a la oposición expresa de CEOE y Cepyme. Donde sí es más preciso es al reprochar al Gobierno la falta de una estimación detallada del impacto económico de la medida y la ausencia de mecanismos específicos de apoyo para las pequeñas y medianas empresas.
El CES valora positivamente que se impulse una regulación legal de la formación práctica no laboral con el fin de fijar un marco de derechos, garantías y obligaciones para las partes implicadas. No obstante, el propio dictamen reconoce que no existe acuerdo entre las organizaciones representadas en el organismo respecto al alcance de la norma, su ámbito de aplicación ni el régimen sancionador previsto.
El anteproyecto fue acordado entre los sindicatos y el Ministerio de Trabajo en junio de 2023, pero la oposición de las organizaciones empresariales, de los rectores universitarios y, especialmente, del ala socialista del Gobierno -que inicialmente consideró el texto inmaduro y con carencias técnicas- ha ido retrasando su tramitación. No llegó al Consejo de Ministros hasta noviembre del año pasado, más de dos años después de su presentación pública, y sus opciones de prosperar en el Parlamento se consideran limitadas.
Tras conocerse el dictamen, el Ministerio de Trabajo señaló que lo está estudiando y subrayó que el CES aprecia el intento de unificar la regulación dispersa existente y reconoce la formación práctica no laboral como un elemento estratégico para el empleo. Desde UGT, por su parte, se interpreta el informe como un reconocimiento del estatuto del becario como una herramienta para combatir la precariedad y el uso fraudulento de las prácticas.
La falta de apoyo empresarial, como ocurrió anteriormente con la propuesta de reducción de la jornada laboral, ha dificultado notablemente la obtención de un dictamen más favorable. En el plano económico, el CES se muestra especialmente crítico y lamenta la ausencia de datos sólidos que permitan evaluar la viabilidad de la norma y su impacto macroeconómico. El organismo considera necesario cuantificar tanto el número de personas que realizarán prácticas no laborales como el volumen de empresas que deberán acogerlas, datos que no aparecen suficientemente desarrollados. Además, señala deficiencias relevantes en la memoria de análisis de impacto normativo, especialmente en lo relativo a los aspectos económicos y organizativos.
Aun así, el CES reconoce que una mejor planificación y un seguimiento más riguroso de las prácticas puede contribuir a elevar la calidad del sistema. Al mismo tiempo, advierte de que este refuerzo implicará una carga administrativa considerable, debido a la necesidad de formalizar acuerdos detallados entre centros formativos y empresas. Este esfuerzo, señala, puede resultar difícil de asumir para muchas pymes, sobre todo en sectores con márgenes reducidos o en zonas con menor tejido empresarial.
Por ello, el CES recomienda que la propia ley garantice ayudas y compensaciones suficientes, estables y de acceso sencillo, evitando que queden supeditadas a trámites excesivamente complejos. También sugiere adoptar modelos simplificados, herramientas comunes y procedimientos homogéneos, coordinados entre las comunidades autónomas, para evitar que las pequeñas empresas se retraigan de participar en el sistema.
El dictamen insiste en que existen medidas socialmente justificadas que tienen un impacto económico evidente, como la compensación mínima de los gastos de las personas en prácticas o los costes asociados a la labor de tutorización, y lamenta que estos elementos tampoco hayan sido adecuadamente valorados en el análisis de impacto.
Las discrepancias entre sindicatos y patronales quedan igualmente reflejadas en el apartado dedicado a la tutorización. Mientras las organizaciones empresariales reclaman una mayor flexibilidad en las ratios de personas en formación por tutor, las organizaciones sindicales defienden que los límites fijados en el anteproyecto son esenciales para asegurar una formación práctica de calidad en el entorno laboral.