(El País, 04-03-2026) | Laboral
Cubrir los gastos de transporte y manutención de los estudiantes sin salario, acotar las prácticas que no formen parte del plan de estudios y endurecer las sanciones a las empresas que incumplan la normativa. Esos son los ejes centrales del llamado estatuto del becario, cuyo anteproyecto de ley ha recibido este martes la segunda aprobación del Consejo de Ministros, después de una primera lectura en noviembre. El texto deberá ahora afrontar su tramitación en el Congreso, donde sus posibilidades de prosperar son reducidas. A la oposición previsible de PP, Vox y Junts -que ya rechazaron la reducción de jornada- se suman las reservas de algunos aliados habituales del Ejecutivo.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha definido la iniciativa como "la reforma laboral para la juventud" y ha subrayado que busca erradicar la figura del falso becario, a la que considera una anomalía que precariza el mercado laboral. El objetivo, según ha explicado, es proteger a los jóvenes y poner fin a situaciones abusivas.
El estatuto fue pactado en junio de 2023 entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CC OO, poco antes de las elecciones generales. Sin embargo, además del rechazo de las patronales y de los rectores universitarios, el texto también encontró resistencias dentro del propio Gobierno. Desde Moncloa y el área económica se calificó entonces de inmaduro y necesitado de mayor desarrollo técnico. Aquella discrepancia pública supuso un hecho inédito en el seno del Ejecutivo.
La falta de consenso interno, el calendario electoral y la prioridad de otras reformas, como la reducción de la jornada laboral, ralentizaron la tramitación, lo que generó malestar sindical. Finalmente, en noviembre del año pasado el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto en primera vuelta, prácticamente sin modificaciones respecto al texto inicial. El PSOE nunca detalló públicamente qué motivó su cambio de postura.
La portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha defendido la oportunidad de la norma al destacar que ya son más de dos millones los jóvenes que han cotizado por prácticas formativas no remuneradas desde el 1 de enero de 2024.
Entre ambas lecturas del anteproyecto se conoció el informe del Consejo Económico y Social, que cuestionó la falta de datos para evaluar el impacto económico de la medida y advirtió de que no contempla apoyos específicos para pequeñas y medianas empresas.
El texto fija un máximo de 480 horas para las prácticas extracurriculares -la mitad de lo permitido actualmente-, modalidad en la que se concentran más irregularidades al no estar directamente vinculada a la formación académica. También establece sanciones que pueden alcanzar los 225.000 euros en los casos más graves y obliga a las empresas a asumir determinados gastos del estudiante, como el transporte. Esta compensación no se aplicará a quienes perciban una nómina, ya que se entiende que la retribución cubre esos costes. No obstante, la norma no impone la obligación de pagar un salario a todos los becarios, una demanda reiterada por sectores de la izquierda política y sindical que finalmente no se incorporó al acuerdo.
El futuro parlamentario del estatuto es incierto. PP, Vox y Junts suman mayoría absoluta y previsiblemente votarán en contra. Yolanda Díaz ha apelado directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, instándole a posicionarse del lado de los jóvenes. Desde la dirección popular se mantiene que solo respaldarán reformas laborales que cuenten con el aval de todos los agentes sociales, no únicamente de los sindicatos, como ocurre en este caso.
Además, formaciones que habitualmente apoyan al Ejecutivo, como ERC, EH Bildu o el PNV, han expresado reparos. ERC insiste en la necesidad de que las prácticas sean obligatoriamente remuneradas, aspecto ausente en el texto actual. El BNG, por su parte, considera positiva la regulación de la figura del becario como herramienta contra la precariedad, aunque prefiere esperar al resultado definitivo del trámite parlamentario.