(Expansión, 25-04-2025) | Laboral
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene previsto activar la próxima semana la fase decisiva de la reforma que propone la reducción de la jornada laboral. Lo hará mediante la aprobación del proyecto en segunda vuelta durante el Consejo de Ministros. Después del visto bueno inicial al anteproyecto de ley el pasado 4 de febrero, se espera que el martes el Ejecutivo convierta oficialmente el texto en proyecto de ley, tras haber superado los trámites requeridos, entre ellos el dictamen del Consejo Económico y Social (CES). De esta forma, la iniciativa podrá ser enviada al Congreso para su tramitación por la vía de urgencia con vistas a su aprobación definitiva.
No obstante, este movimiento se produce en un contexto de incertidumbre política, ya que el Gobierno todavía no cuenta con los apoyos necesarios en el Congreso para garantizar la aprobación de la ley. La clave vuelve a estar en manos de Junts, formación que inicialmente se ha mostrado contraria al texto, aunque ha dejado la puerta abierta a posibles negociaciones para modular los términos de la jornada de 37,5 horas semanales. Por su parte, el PNV, aunque escéptico, ha adoptado una actitud más flexible, dado que muchos convenios en el País Vasco ya contemplan jornadas cercanas a ese umbral. En cambio, el Partido Popular mantiene su rechazo, argumentando que la reforma se ha impulsado sin acuerdo con las organizaciones empresariales, como la CEOE y Cepyme, que participan en el diálogo social.
A día de hoy, el Ministerio de Trabajo aún no tiene garantizada la mayoría necesaria para sacar adelante la propuesta legislativa, lo que genera dudas sobre su aprobación, especialmente en los plazos que maneja Yolanda Díaz. Desde su departamento se esperaba que la aprobación en segunda vuelta dejara un margen suficiente para que la norma pudiera ver la luz en mayo. Esto era clave para cumplir con la disposición transitoria que obliga a las empresas con jornadas superiores a 37,5 horas a renegociar sus convenios antes del 31 de diciembre. Dado el calendario actual, el Ejecutivo se verá obligado a revisar estos plazos, ya que en el mejor de los casos las compañías contarían con apenas cinco meses para adaptarse.
Actualmente, la única opción viable para lograr la aprobación pasa por convencer a Junts. Sin embargo, hay múltiples barreras en ese camino. Por ejemplo, el desacuerdo con las patronales ha dejado la medida sin compensaciones económicas para las empresas, y la CEOE estima que el coste de reducir la jornada de 40 a 37,5 horas podría ascender a unos 23.000 millones de euros. Este impacto recaería principalmente sobre pequeñas y medianas empresas y autónomos con empleados, ya que muchas grandes empresas ya operan con jornadas similares a las propuestas. En este contexto, sectores como el de servicios en Cataluña -donde Foment y Pimec han mostrado su preocupación- dificultan que Junts modifique su postura.
Fuentes empresariales han señalado a EXPANSIÓN que existe un canal de comunicación con Carles Puigdemont para consolidar el rechazo a la propuesta, lo que complicaría aún más las posibilidades del Gobierno. Desde el Ministerio de Trabajo también confirman contactos con el líder de Junts, aunque reconocen que la formación independentista no ha cambiado su posición desde la aprobación del anteproyecto en febrero.
Pese a todo, la presión sindical ha sido decisiva para que Yolanda Díaz impulse esta etapa del proceso legislativo. Tanto UGT como CCOO han expresado su respaldo a avanzar con la medida, aunque reconocen las dificultades que implica negociar con los distintos grupos parlamentarios. Los sindicatos, sin embargo, no creen que la norma pueda aprobarse sin modificaciones. Entre los posibles ajustes que se barajan está la recuperación de ayudas económicas para las pymes, algo que podría resultar esencial para conseguir apoyos adicionales.
Aspectos como los incentivos económicos, la implementación gradual de la medida y el respeto a los convenios existentes generaron también tensiones dentro del propio Gobierno. De hecho, estas diferencias provocaron roces entre Yolanda Díaz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien se ha mostrado más favorable a flexibilizar los términos de la reforma.
Cabe recordar que esta reducción de jornada -que irá al Consejo de Ministros el próximo martes, tal como anunció Díaz durante la clausura del Congreso de CCOO Industria- contempla la bajada de las 40 horas semanales actuales a 37,5. Junto a esta medida, se introducirá una reforma del sistema de control horario, que deberá ser objetivo, fiable, accesible e interoperable, con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la jornada.
El Ministerio de Trabajo estima que actualmente se realizan en España más de 6 millones de horas extra no remuneradas por semana, cifra que se ha reducido a 2,5 millones pero que aún requiere avances. El proyecto de ley también incluye el derecho a la desconexión digital, para proteger el descanso y la intimidad de los trabajadores.
Además, en caso de incumplimiento del registro horario, se contemplan sanciones por cada trabajador afectado si no se lleva un control o si los datos son manipulados. Las infracciones que supongan riesgos graves para la salud y seguridad de los empleados por una mala organización del tiempo de trabajo serán consideradas muy graves, y podrán acarrear multas que van desde 1.000 hasta 10.000 euros.