(Cinco Días, 07-05-2025) | Laboral
El elemento central de la reforma propuesta por el Ministerio de Trabajo -acordada con los sindicatos y rechazada por las patronales- consiste en modificar el artículo 34.1 del Estatuto de los Trabajadores. Este artículo, vigente desde 1983, establece que la jornada laboral ordinaria no debe superar las 40 horas semanales de trabajo efectivo, calculadas en promedio anual. La nueva normativa busca reducir ese límite a 37,5 horas semanales, en cumplimiento del acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar. No obstante, para que la medida entre en vigor, el Gobierno necesita apoyos parlamentarios que, por ahora, no están asegurados.
Ante la oposición del Partido Popular -que argumenta que el respaldo sindical no se ve acompañado por el empresarial-, el éxito legislativo de la medida depende en gran parte del respaldo de Junts. Este grupo ha anunciado una enmienda a la totalidad y, este lunes, reiteró su rechazo al texto, al que califica como un "ataque directo a los autónomos y pequeñas y medianas empresas catalanas". Según su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, no se les ha ofrecido la posibilidad de negociar ningún aspecto del proyecto.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha instado a los partidos a posicionarse: "La norma ya está en el Parlamento. El Gobierno ha cumplido. Ahora le corresponde al Congreso decidir". En su intervención, Díaz lanzó un mensaje directo al líder del PP: "¿Va a actuar el señor Feijóo para frenar esta reducción de jornada? ¿Está dispuesto a perjudicar al país?" También defendió el respaldo popular a la medida, señalando que incluso entre los votantes del PP, según una encuesta de 40dB. de enero de 2024, solo un 25% rechaza la iniciativa.
Díaz ha reconocido que el Gobierno está dispuesto a negociar los plazos de aplicación de la reforma. La meta oficial es que para el 31 de diciembre de 2025 todos los asalariados trabajen un máximo de 37,5 horas semanales. "Nuestra prioridad es bajar la jornada laboral; los tiempos pueden ser objeto de negociación", ha afirmado. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha confirmado que llevan semanas manteniendo contactos para reunir apoyos suficientes en el Congreso. Según los cálculos de su departamento, la medida afectaría positivamente a unos 12,5 millones de asalariados.
El PNV, aunque ha mostrado simpatía por la propuesta en ocasiones anteriores, no garantiza su apoyo. El partido vasco expresa preocupación por el impacto en las pequeñas y medianas empresas, así como por la falta de consenso con las patronales. Por su parte, partidos nacionalistas de izquierda han manifestado su respaldo, aunque advierten que podrían retirarlo si el texto final hace demasiadas concesiones a los intereses empresariales. Podemos, aunque considera que la medida se queda corta, ha declarado su intención de apoyarla como un avance positivo.
Yolanda Díaz ha insistido en el valor social de la reforma: "Esta reducción permitirá que muchas personas puedan disfrutar más de su vida familiar. Hay trabajadores que apenas ven a sus hijos". También ha defendido la viabilidad económica de la medida, señalando que los márgenes empresariales permiten asumirla incluso en sectores como la hostelería, el comercio o el campo. Además, recordó que muchos empleados públicos ya trabajan menos de 40 horas semanales.
La reforma también incluye cambios en el sistema de control horario. De aprobarse el texto, se eliminarán los registros en papel, que pasarán a ser digitales y accesibles para la Inspección de Trabajo. Además, se endurecerán las sanciones: las multas no se aplicarán por empresa, sino por cada trabajador con horas extra no remuneradas, lo que multiplicará su impacto. Asimismo, se refuerza el derecho a la desconexión digital.
Pérez Rey explicó que el texto aprobado es el resultado del acuerdo con CCOO y UGT, con algunos ajustes tras el informe del Consejo Económico y Social. Estos cambios incluyen, entre otros, aclaraciones sobre la aplicación del registro horario, la reducción de jornada para empleadas del hogar y el tratamiento de las empresas sin convenio colectivo.
Tras meses de negociaciones con los agentes sociales y después de un largo proceso de validación interna entre los ministerios de Economía y Trabajo, el anteproyecto se presentó oficialmente en diciembre. Fue aprobado por el Consejo de Ministros en primera lectura en febrero, y tres meses después ha vuelto a la mesa del Consejo antes de su tramitación parlamentaria.