(El País, 03-09-2025) | Laboral
El Congreso llevará a pleno la próxima semana el proyecto del Ministerio de Trabajo sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, según han confirmado fuentes parlamentarias tras la Junta de Portavoces celebrada este martes. El debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts, PP y Vox fue pospuesto en julio después de haberse anunciado que se produciría el día 22 ante el riesgo de que la norma estrella de Sumar decayese. Trabajo señala que "la reducción de la jornada laboral es un debate que ya no admite más aplazamientos".
En un contexto marcado por los casos de corrupción que afectaban a ex altos cargos socialistas, Trabajo decidió dar más tiempo a las negociaciones con el partido de Carles Puigdemont, a priori contrario al proyecto en línea con la posición de rechazo de la patronal catalana. La votación es tan solo un primer paso para conseguir que la norma siga su tramitación en la Cámara baja.
La enmienda a la totalidad de Junts es muy crítica con el proyecto de reducción de jornada. En ella, menciona algunos problemas de la economía española, como la tasa de paro juvenil o la "falta de estrategia" para generar valor añadido. "Fiar la solución a la reducción por ley de la jornada laboral puede conllevar el efecto contrario al deseado más cuando los efectos de la medida impactarán solo en una parte y no se ajusta a los equilibrios consensuados entre los protagonistas", dice el grupo catalán. Pese a este juicio tan negativo, el grupo parlamentario reconocía en julio que seguía negociando con Trabajo.
Otro de los aspectos más criticados por Junts es el hecho de que el proyecto solo tenga el respaldo de los sindicatos UGT y CC OO, que no goce del apoyo de las patronales. El no empresarial a la medida no se limita a CEOE, también se concreta en la patronal catalana Foment, una de las asociaciones patronales más críticas con la medida. Las también catalanas Conpymes y Pimec coinciden en sus declaraciones públicas en su negativa al proyecto.
Trabajo viene defendiendo su disposición a modificar el proyecto acordado con los sindicatos para atraer el voto de los partidos de derechas. Plantea recuperar las ayudas a pymes que ya rechazó CEOE durante la negociación con los agentes sociales y también se ha abierto a tomar medidas específicas sobre absentismo. Esta es una de las reivindicaciones habituales de los empresarios en los últimos años, dado el aumento de los índices de incapacidad temporal. Los sindicatos son muy críticos con el enfoque empresarial en este asunto.
El departamento que dirige Yolanda Díaz sostiene que querían que se votara en julio, pero que se decidió dar margen "a la voluntad de diálogo y de acuerdo". "Hoy ya no se puede seguir esperando: son más de 12 millones de personas trabajadoras las que están aguardando esta medida, que saben que su tiempo es también un derecho. El mandato que nos llega de la ciudadanía es claro: la mayoría, vote a quien vote, quiere trabajar menos y vivir mejor", agrega Trabajo.
"El Gobierno ya ha hecho su trabajo. La ciudadanía ya se ha pronunciado en la calle y en los centros de trabajo. Ahora corresponde a los grupos políticos convertir ese consenso social en un consenso parlamentario", añade el ministerio de Díaz.
Más allá de Junts y los apoyos que en el Gobierno dan por descontados (toda la izquierda y el PNV), la vicepresidenta segunda viene pidiendo al PP una reunión para negociar su respaldo a la contracción del tiempo de trabajo. "Todo lo que no cuente con el acuerdo de patronal y sindicatos no lo vamos a apoyar, será voto negativo", sostienen fuentes del grupo popular, que, como Vox y Junts, presentaron enmiendas a la totalidad.
El ministerio dijo en julio que el aplazamiento de entonces no impedía que la reducción de jornada entrase en vigor en los plazos previstos, es decir, que el recorte de 40 a 37 horas y media aplique antes de que acabe 2025. El Gobierno ya falló ante el primer plazo anunciado y comprometido en el pacto PSOE-Sumar, las 38 horas y media en 2024, pero espera cumplir con las 37 y media antes de que acabe este año.
Este martes, antes del anuncio de la votación de enmiendas la próxima semana, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha dicho que la intención del ministerio es "que la reducción de jornada esté en vigor antes de que termine 2025, para eso estamos trabajando". "Obviamente", ha apostillado, "es algo que no depende solo de la voluntad del Ministerio de Trabajo", en referencia a los grupos parlamentarios de los que depende el éxito de la medida.
De ellos también depende la aprobación del estatuto del becario, que según ha dicho Pérez Rey espera que pase por el Consejo de Ministros antes de que acabe septiembre. Hace más dos años que el ministerio presentó su acuerdo con los sindicatos al respecto, pero la parte socialista del Gobierno venía rechazando el proyecto. "Está adecuadamente pacificada en el interior del Gobierno", ha indicado el número dos del ministerio.
Además de la contracción de la jornada ordinaria máxima semanal de 40 a 37 horas y media, el proyecto refuerza el derecho a la desconexión digital, garantiza que no haya merma salarial para los empleados beneficiados (incluidos aquellos con jornadas parciales) y refuerza el registro horario, con sanciones más cuantiosas a las empresas por incumplirlo y obliga a que sea digital. El ministerio ha advertido de que este último elemento saldrá adelante incluso en el escenario de que el Parlamento rechaza la reducción, ya que se puede modificar con un desarrollo reglamentario (que no exige convalidación en el Legislativo).