(El Periódico, 12-11-2025) | Fiscal
La Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso aprobó este martes, con el respaldo de PP, Vox y Junts, una iniciativa que insta al Gobierno a "combatir con firmeza la ocupación ilegal y derogar cualquier normativa que la favorezca". En particular, estos partidos reclaman eliminar la actual suspensión de desahucios y lanzamientos, una medida que expira a finales de año y cuya prórroga indefinida exige Podemos. Esta votación supone un nuevo revés para el Ejecutivo en el ámbito legislativo, ya que ninguna de sus propuestas sobre vivienda prosperó -salvo una del Grupo Republicano para fomentar las cooperativas en cesión de uso-, incluida la idea de establecer un impuesto sobre la compra y posterior reventa de viviendas.
La moción contra la ocupación fue defendida por el diputado del PP Daniel Pérez Osma, quien recordó que, según cifras del Ministerio del Interior, en 2024 se contabilizaron 16.426 casos de ocupación, un aumento del 7,4% respecto al año anterior, y que Cataluña concentra el 42% del total. "Hoy en España alguien puede perder en una noche lo que le ha costado toda una vida ganar, y luego tardar años en recuperarlo. Y aún hay quien dice que es un problema exagerado. Díganselo al jubilado que sigue pagando luz y comunidad de una casa que ya no puede usar. Proponemos anular la suspensión vigente de desahucios y lanzamientos, garantizando a la vez la protección de quienes están en situación vulnerable sin cargar esa responsabilidad sobre los propietarios. También queremos proteger la convivencia, ya que la ocupación ilegal deteriora los espacios comunes, degrada los barrios y genera inseguridad", expresó el diputado popular.
En paralelo, la Comisión rechazó por amplia mayoría -solo seis votos a favor y 30 en contra- la propuesta de Sumar de aplicar un impuesto del 25% a la reventa de viviendas adquiridas en los dos años previos. El diputado de Sumar Alberto Ibáñez denunció que el house flipping -comprar, reformar y vender pisos rápidamente- ofrece beneficios que oscilan entre el 10% y el 35%. "La especulación inmobiliaria permite que alguien gane durmiendo más que otra persona que no puede dormir porque, trabajando ocho horas, no consigue pagar el alquiler. Esa situación merece una respuesta fiscal que proteja el derecho constitucional a una vivienda", afirmó.
El Grupo Socialista presentó dos propuestas ante la Comisión. La primera, titulada El problema de la vivienda, un compromiso de todos, pedía al Gobierno reforzar la cooperación con todas las administraciones para impulsar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, blindar permanentemente las viviendas financiadas con fondos públicos, mejorar los sistemas de datos y aumentar la inversión en políticas públicas de vivienda. Sin embargo, PP, Vox y Junts votaron en contra. La segunda iniciativa, previsiblemente rechazada por los mismos partidos, se centraba en la regulación de los pisos turísticos en los territorios insulares.
La única propuesta que obtuvo un respaldo casi unánime -con la excepción de Vox- fue una PNL destinada a promover las cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso. En este modelo, la cooperativa es propietaria del edificio y otorga a sus miembros el derecho de uso de las viviendas a cambio de una aportación y del pago de los gastos. El texto plantea reformar la legislación cooperativa y su fiscalidad, además de impulsar bonificaciones municipales, mecanismos de gestión de suelo y avales públicos, entre otras medidas. La iniciativa fue presentada por el Grupo Republicano y lleva la firma de Etna Estrems y Gabriel Rufián.