(El Economista, 19-02-2026) | Fiscal

El Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a reducir al 4% el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) aplicado a la adquisición de la primera vivienda. Sin embargo, la iniciativa no ha contado con el respaldo del PSOE ni de Sumar, los dos partidos que forman el Ejecutivo de coalición. La propuesta prosperó después de que el Partido Popular presentara una moción en el pleno celebrado este miércoles, derivada de una interpelación urgente dirigida a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

La moción salió adelante gracias al apoyo de Vox, Junts per Catalunya y Unión del Pueblo Navarro, además del voto favorable del propio PP. Por su parte, Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y Bloque Nacionalista Galego optaron por abstenerse. Junto a esta iniciativa, también se aprobó reclamar al Ejecutivo una deducción en el IRPF durante los primeros años de la carrera laboral de los jóvenes, aunque en este punto Junts prefirió no posicionarse a favor ni en contra.

La rebaja fiscal para la compra de la primera vivienda habitual cuenta con el respaldo de diversos sectores, que la consideran un incentivo para facilitar el acceso a la propiedad al reducir el desembolso inicial, especialmente elevado por la entrada exigida al solicitar una hipoteca.

Entre quienes han defendido medidas de este tipo figura la abogada Montse Cespedosa, quien ha planteado incluso eliminar los impuestos sobre la primera vivienda o fijarlos en un nivel muy bajo -entre el 1% y el 2%- a cambio de aumentar significativamente la carga fiscal sobre la compra de segundas residencias y posteriores, llegando hasta un 15%.

Además, la Cámara aprobó el resto de propuestas incluidas en la moción, entre ellas crear condiciones favorables para que, mediante la cooperación entre el sector público y el privado, se puedan construir un millón de viviendas en España en los próximos cuatro años, especialmente en las zonas con mayor demanda, con el objetivo de reducir el déficit habitacional acumulado. En este punto, el PSOE optó por la abstención.

Los socialistas sí respaldaron otras iniciativas, como impulsar la colaboración público-privada en la promoción y edificación de viviendas, así como permitir que los ayuntamientos destinen sus remanentes presupuestarios a proyectos de vivienda asequible, ajustando los plazos a las necesidades reales de construcción para garantizar su viabilidad.

Asimismo, el Congreso solicitó poner en el mercado todo el suelo público disponible perteneciente a la Administración General del Estado para destinarlo al alquiler asequible, con precios alrededor de un 30% inferiores a la media del mercado, además de elaborar un plan para simplificar los trámites administrativos y acometer las reformas normativas necesarias.

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