(El Economista, 08-06-2026) | Fiscal
El anuncio del presidente del Gobierno de que se presentarán los Presupuestos Generales del Estado para 2027, realizado la semana pasada ya en junio, ha obligado a acelerar una tramitación que de por sí es larga y compleja. Al mismo tiempo, confirma que el Ejecutivo ha descartado presentar las cuentas de 2026, una opción que se había mantenido en el discurso oficial hasta hace pocas semanas pero que ya no se contempla.
Con ello se pone en marcha el proceso legislativo de la norma más relevante para cualquier Gobierno, aunque en este caso con retraso respecto a los plazos habituales. La primera consecuencia es que el Congreso podría tener que convocar un pleno extraordinario en julio, mes inhábil parlamentariamente, para debatir y votar los objetivos de déficit y deuda pública, asociados al techo de gasto o límite de gasto no financiero, que no se somete a votación.
Ya se han iniciado algunos pasos previos. El pasado viernes, el Boletín Oficial del Estado publicó la orden del Ministerio de Hacienda que establece los plazos y normas para que los ministerios, organismos dependientes y entidades públicas empresariales remitan sus previsiones de gasto. Esta publicación, que este año se ha producido con retraso, debería haberse realizado en marzo, mientras que en ejercicios anteriores incluso llegó a retrasarse hasta después del verano.
Los distintos departamentos tienen hasta el 29 de junio para enviar sus planes presupuestarios a Hacienda. A partir de esa información se elaborará el techo de gasto y la senda de estabilidad presupuestaria. La normativa establece que estos objetivos deberían haberse presentado antes de finalizar el primer semestre del año, algo que previsiblemente no se cumplirá debido a los plazos actuales. El siguiente paso es la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se informará a comunidades autónomas y entidades locales de los objetivos de déficit fijados para cada nivel de administración. En 2025, estos objetivos fueron rechazados en dos ocasiones en el Congreso.
El calendario, por tanto, se encuentra ajustado al límite. En función de la fecha en la que se reúna el CPFF, el Gobierno tendrá margen o no para llevar la senda fiscal al Congreso durante julio, lo que podría obligar a convocar un pleno extraordinario a través de la Diputación Permanente. Si no fuera posible, la tramitación se trasladaría a septiembre.
En ese caso, el Ejecutivo tendría hasta el 30 de septiembre, fecha límite establecida por la Constitución, para presentar el proyecto de Presupuestos. Esto obligaría a concentrar la tramitación en un periodo muy reducido. Más allá de los plazos formales, el principal obstáculo del Gobierno es político. La minoría parlamentaria complica la aprobación de las cuentas, especialmente tras la falta de acuerdos en ejercicios anteriores, que ha derivado en varias prórrogas de los Presupuestos de 2023.
La composición actual del Congreso hace especialmente difícil la negociación, con Junts como uno de los grupos clave para alcanzar mayorías. Según fuentes parlamentarias, la formación mantiene su posición de rechazo, en un contexto además marcado por tensiones políticas y judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo. Aun así, no se descarta que en los próximos meses se reabran negociaciones, aunque con un alto coste político en caso de acuerdo. Mientras tanto, el Ministerio de Economía tiene previsto dar a conocer esta semana el nuevo cuadro macroeconómico, primer paso técnico en la elaboración de las nuevas cuentas públicas.