(Expansión, 10-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo
La red de distribución eléctrica en España, que alcanza casi 800.000 kilómetros de extensión, se ha convertido en uno de los principales frentes de disputa empresarial del país. En torno a ella se cruzan intereses enfrentados que involucran a las grandes compañías del sector, al Gobierno, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), e incluso a distintos tipos de consumidores como los centros de datos y la gran industria. En juego están miles de millones de euros en inversiones y el futuro de numerosos proyectos estratégicos.
El conflicto se intensificó antes del verano, cuando la CNMC planteó su propuesta de retribución para las redes de distribución de Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP. El organismo fijó una rentabilidad del 6,46% anual para el periodo 2026-2031, muy por debajo de lo que reclaman las eléctricas, que piden al menos superar el 7%.
La situación estalló definitivamente ayer, tras la publicación obligada de los "mapas de capacidad de la red de distribución eléctrica", que muestran qué puntos de conexión están disponibles para grandes consumidores. Según los datos de Aelec, la patronal del sector, el 83,4% de los nudos de la red se encuentra saturado. Aunque esta es la primera vez que se presenta un mapa unificado, la realidad que refleja es preocupante: los pocos puntos libres se ubican en zonas poco atractivas para los grandes proyectos, lo que en la práctica supone un colapso de la red en los lugares clave.
Las eléctricas sostienen que sin una mayor retribución por el uso de sus infraestructuras no podrán afrontar nuevas inversiones, lo que agravará la saturación. Alertan de que cientos de proyectos, desde centros de datos hasta planes de electrificación industrial, corren riesgo de paralizarse o trasladarse a otros países. Las estimaciones apuntan a que el impacto económico de esta situación podría superar los 100.000 millones de euros en los próximos cinco a diez años.
Mientras tanto, cada parte intenta deslindar responsabilidades. Aelec atribuye el problema a un marco regulatorio que, en su opinión, no ha acompañado el fuerte crecimiento de la demanda. El Gobierno, por su parte, busca contener el coste de la factura eléctrica de los consumidores y evitar que los peajes disparen los precios. Los centros de datos, en plena expansión, pugnan por conseguir prioridad en las conexiones frente a la gran industria, que necesita electricidad para avanzar en su descarbonización.
En este pulso, la CNMC recibe críticas de todos los bandos, aunque su actuación se ajusta al mandato del Gobierno, que es quien puede modificar los criterios para calcular los peajes. El Ejecutivo, además de contener los precios, quiere evitar la especulación. Recuerda que desde 2020 se han otorgado más de 43.000 megavatios de capacidad, que ahora deben desarrollarse, y advierte de que no se repita un fenómeno similar al de la burbuja especulativa vivida con las renovables.