(Expansión, 18-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Ayuntamiento de Valencia quiere implicar a las comunidades de propietarios en la lucha contra los pisos turísticos que operan de forma ilegal. Para ello, el consistorio prevé poner en marcha ayudas económicas destinadas a que los vecinos puedan modificar o establecer sus estatutos e incorporar la exigencia de una mayoría de tres quintos para impedir la apertura de viviendas de uso turístico en sus edificios.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado también que el Ayuntamiento ofrecerá apoyo económico para facilitar asistencia jurídica a las comunidades que decidan emprender acciones civiles contra propietarios que destinen sus viviendas a alojamientos turísticos sin contar con el consentimiento necesario. La medida pretende facilitar que los vecinos puedan defender sus derechos ante este tipo de situaciones.
Catalá ha reconocido que el uso turístico de viviendas está provocando conflictos en algunas comunidades de propietarios, especialmente cuando se instala un alojamiento turístico sin la aprobación correspondiente. La alcaldesa ha defendido que el Ayuntamiento debe proporcionar a los vecinos el máximo respaldo posible para afrontar estos casos y ha criticado la política desarrollada por el anterior gobierno municipal, que, a su juicio, permitió una expansión excesiva de este tipo de alojamientos.
La nueva ordenanza municipal impulsada por el actual equipo de gobierno establece mayores restricciones para la concesión de licencias. En los tres primeros meses de aplicación, el Ayuntamiento ha rechazado permisos correspondientes a unas 3.500 plazas de alojamiento turístico, de las que más del 70% estaban vinculadas a viviendas. Además, el consistorio asegura haber impuesto sanciones por un importe conjunto de 1,6 millones de euros y haber dictado órdenes de cese de actividad con una media anual de 449.
La alcaldesa ha situado la vivienda entre las prioridades de su mandato y ha señalado que el Ayuntamiento ya ha impulsado la construcción de 1.000 viviendas públicas, a las que se sumarán otras 390 previstas próximamente.