(El País, 05-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Cada año resulta más difícil poder pasar una semana en las costas españolas. La fuerte demanda turística, en especial la proveniente del extranjero, ha alterado profundamente el panorama económico del alquiler vacacional. Desde 2020, los precios han aumentado un 40%, un ritmo que supera ampliamente el crecimiento de los ingresos de la mayoría de las familias españolas. Esto ha derivado en una oferta enfocada más en obtener el mayor beneficio posible que en ser accesible, haciendo que disfrutar del verano junto al mar se convierta en un privilegio cada vez más distante para muchos.
El verano de 2025 no será diferente. De acuerdo con un informe de la tasadora Tecnitasa, el precio promedio por una semana de alquiler en primera línea de playa ha alcanzado los 1.270 euros, lo que representa un 7% más que el año anterior. Esto supone un aumento de 110 euros respecto a 2024, que ya había experimentado una subida del 10%. Esta tendencia, que triplica el crecimiento del índice de precios al consumo (IPC), confirma una presión estructural sobre el mercado de vivienda vacacional.
Factores como la proliferación de plataformas de alquiler turístico, la profesionalización del negocio y la persistente demanda internacional han impulsado un modelo que prioriza la rentabilidad en las semanas de mayor ocupación. El verano, con su alta concentración de visitantes, sirve de excusa perfecta para seguir elevando los precios en un mercado con escasa oferta disponible.
Esto ha generado un mercado desigual, donde la ubicación influye de forma significativa en el acceso. Las zonas más populares -por su proyección internacional, conexiones aéreas o servicios exclusivos- alcanzan precios récord. En Puerto Banús (Marbella), por ejemplo, una semana cuesta 3.700 euros; en Santanyí (Mallorca), 3.400 euros; y en la Isla de la Toja (Galicia), alrededor de 2.900 euros por siete días.
Estas cifras dibujan una barrera invisible que separa a quienes pueden asumir estos costes de quienes quedan al margen. Con el salario mínimo interprofesional fijado en 1.184 euros mensuales en catorce pagas, una semana de vacaciones en estas zonas cuesta más que el ingreso mensual completo de un trabajador con ese sueldo. Incluso una familia con dos salarios mínimos apenas podría hacer frente al alquiler de un piso medio en agosto sin desequilibrar su economía. Así, muchos destinos costeros se vuelven inalcanzables para gran parte de la población.
Sin embargo, todavía existen algunos lugares donde los precios se mantienen relativamente bajos. En Moncófar o Vinaroz (Castellón), se pueden encontrar apartamentos de 70 m² por unos 550 euros semanales. En El Puig (Comunidad Valenciana), los de 80 m² se alquilan por unos 710 euros, y en Vicedo (Lugo), los precios rondan los 650 euros. Son destinos con menor presión turística y menos proyección internacional, lo que contribuye a mantener los precios moderados.
El informe también destaca que provincias como Cádiz y Málaga, sin llegar a los máximos de Marbella, han registrado los mayores aumentos interanuales, superiores al 12%. En San Roque (Cádiz), el alquiler semanal ha pasado de 1.900 a 2.300 euros, y en Nerja (Málaga), de 1.200 a 1.450 euros. Estos incrementos reflejan que incluso zonas consideradas más asequibles están empezando a encarecerse con rapidez.
El norte y noreste del país tampoco se quedan atrás, con subidas de entre el 6% y el 12% en provincias como A Coruña, Lugo, Girona, Barcelona y Vizcaya. Aun así, hay enclaves costeros donde los precios se han mantenido estables, como algunas zonas de Pontevedra, Huelva, Almería, Granada, Asturias o Cantabria. Por ejemplo, en Sangenjo y El Grove, los alquileres semanales siguen en 1.400 y 950 euros, respectivamente. En Almuñécar (Granada), todavía es posible encontrar apartamentos de 80 m² por unos 900 euros, y en Llanes (Asturias), por alrededor de 780 euros.