(El País, 13-10-2025) | Laboral
Los cientos de miles de trabajadores públicos interinos y personal laboral -eventual, indefinido o indefinido no fijo- que encadenan contratos temporales durante años siguen sin saber con certeza si podrán llegar a convertirse en empleados fijos del sector público. Así se desprende de las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuyas recomendaciones suelen marcar el criterio de las sentencias posteriores. En su dictamen, el jurista critica a España por no contar con mecanismos eficaces para sancionar el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas. Por ello, deja en manos del Tribunal Supremo la tarea de determinar si realmente existen medidas disuasorias suficientes o, en su defecto, cuáles deberían aplicarse para evitar estos abusos. Según su análisis, ni las indemnizaciones por cese, ni los procesos de estabilización, ni la figura del indefinido no fijo -creada por la jurisprudencia española- bastan para resolver un problema que afecta a miles de empleados públicos con contratos temporales prolongados en el tiempo.
El abogado general, el lituano Rimvydas Norkus, comienza su exposición señalando que el TJUE nunca ha exigido que se reconozca la condición de empleado fijo o funcionario de carrera a una persona que no haya superado los procesos selectivos previstos por la Constitución española, basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Asimismo, defiende que la normativa española no vulnera la legislación europea al exigir que el acceso a la estabilidad laboral en la Administración se produzca únicamente mediante oposiciones o concursos que respeten dichos principios. Por tanto, el hecho de no convertir automáticamente en fijo a un trabajador público declarado "indefinido no fijo" tampoco supondría, en su opinión, una infracción del Derecho comunitario. Si su razonamiento se detuviera ahí, parecería cerrar la puerta a cualquier posibilidad de convertir estos contratos temporales abusivos en empleos fijos.
Sin embargo, Norkus introduce un matiz crucial: esta negativa solo sería válida si España dispone de otra medida efectiva que permita prevenir y sancionar el uso abusivo de contratos temporales en el sector público. En otras palabras, el Estado solo podría evitar la conversión en fijo si ofrece una alternativa real y disuasoria frente al abuso de la temporalidad.
Y es precisamente ahí donde el abogado general considera que la legislación española falla. A su juicio, "no existen medidas efectivas en el ordenamiento jurídico español que sancionen adecuadamente el abuso de la contratación temporal". Explica que la figura del indefinido no fijo -aunque ha mejorado la situación de quienes llevan años en precariedad- no garantiza la estabilidad laboral, un derecho que el Acuerdo Marco europeo concibe como esencial para la protección de los trabajadores.
El pronunciamiento del TJUE remite ahora la cuestión al Tribunal Supremo español, cuya decisión será clave para unificar doctrina. De hecho, muchas causas en los tribunales españoles están paralizadas a la espera de este fallo, ya que hasta ahora el Supremo ha rechazado hacer fijos de manera automática a los trabajadores víctimas del abuso de temporalidad.
En sus conclusiones, Norkus propone que el TJUE declare que la normativa europea no se opone a la jurisprudencia española que impide convertir en fijos a los indefinidos no fijos, siempre y cuando exista otra medida eficaz para evitar o sancionar el abuso de contratos temporales.
Para el abogado Javier Araúz, especialista en esta materia, el dictamen implica que la única manera de cumplir con el Derecho europeo sería "transformar las relaciones temporales abusivas en relaciones fijas", ya que "en España no hay ninguna otra medida sancionadora efectiva".
Desde el Ministerio de Función Pública, sin embargo, mantienen una posición opuesta. Fuentes del departamento que dirige Óscar López aseguran que "España no necesita convertir en fijos a los trabajadores temporales en abuso para cumplir con la directiva europea", aunque reconocen que aún es necesario "avanzar en nuevas medidas que reduzcan la temporalidad y eviten futuros abusos".