(La Razón, 24-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo
Durante 2025 se retiraron en España un total de 117 jueces, de los cuales aproximadamente el 40% optó por la jubilación voluntaria, según un informe de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) elaborado con datos verificados del Boletín Oficial del Estado (BOE).
Del total de salidas, 60 se produjeron por jubilación obligatoria al alcanzar la edad legal, 46 fueron anticipadas o voluntarias y 11 se debieron a incapacidad permanente. Los datos de este año, junto con los de 2024 (42,2%) y 2023 (47,47%), confirman una pauta estable: en torno a cuatro de cada diez jueces que se jubilan lo hacen antes de tiempo por decisión propia.
Según denuncia Marien Ortega, portavoz de la asociación, en los últimos tres años 139 jueces y magistrados han adelantado su retiro en un contexto marcado por el envejecimiento de la carrera judicial, la creciente carga de trabajo derivada del aumento de litigios, la falta de respuestas políticas y un clima de cuestionamiento institucional hacia el poder judicial.
Las 117 jubilaciones registradas en 2025 suponen 18 más que en 2024 y consolidan una tendencia al alza desde 2022. El estudio subraya además que, de media, se jubila un juez cada cuatro días y que en 2031 podría haberse retirado un tercio de la plantilla judicial.
La asociación advierte de que esta situación pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva. Entre los factores que confluyen destacan el envejecimiento del colectivo, la insuficiencia de jueces en activo, el aumento de las jubilaciones anticipadas por sobrecarga laboral o problemas de salud, la falta de sustituciones y el incremento constante del volumen de trabajo.
Según sus estimaciones, para 2031 se habrán jubilado más de 1.700 magistrados de los cerca de 5.500 actualmente en activo, una previsión similar a la recogida en el plan estratégico de recursos humanos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el periodo 2026-2035.
La pérdida de un tercio de los jueces en apenas una década tendría, según la AJFV, efectos muy graves sobre el funcionamiento del sistema judicial, agravando problemas ya existentes como el déficit estructural de plazas, la proliferación de órganos reforzados y la dependencia de personal interino. Además, la litigiosidad no deja de crecer: de 128,3 asuntos por cada 1.000 habitantes en 2018 se pasó a 145,7 en 2023 y a 160,41 en 2024.
Por último, la asociación considera insuficiente la creación de 500 nuevas plazas anunciada recientemente por el Gobierno y el órgano de gobierno de los jueces, ya que apenas compensa las 506 jubilaciones acumuladas desde 2021. Según su portavoz, en los próximos diez años podrían producirse cerca de 1.800 bajas, mientras la carga de trabajo continúa aumentando.