(Expansión, 21-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Ministerio de Economía prepara una reforma relevante del sistema de control de las inversiones extranjeras con el objetivo declarado de precisar conceptos, agilizar los procedimientos y adaptar la normativa al actual escenario internacional. Los cambios planteados supondrían, en la práctica, un refuerzo del denominado escudo antiopas.
Desde 2020, determinadas adquisiciones extranjeras en sectores considerados estratégicos requieren autorización del Gobierno. Este mecanismo ha permitido al Ejecutivo bloquear operaciones como la opa del grupo húngaro Magyar Vagon sobre Talgo o establecer condiciones a la entrada de Saudi Telecom Company en Telefónica. Solo durante 2025, un total de 144 operaciones fueron sometidas a este procedimiento de supervisión.
Una de las principales novedades sería convertir en permanente el control sobre las inversiones procedentes de otros países de la Unión Europea. En la actualidad, esta exigencia tiene carácter temporal y está previsto que expire en diciembre de 2026. El Gobierno pretende extenderla inicialmente hasta finales de 2027 mientras tramita una reforma legal que elimine su fecha de caducidad.
Aunque dentro de la UE existe, en principio, libertad de circulación de capitales, varios países han introducido mecanismos de control sobre las inversiones procedentes de otros Estados miembros. España ya ha utilizado este instrumento en operaciones como la opa de Magyar Vagon sobre Talgo y el intento del grupo francés Vivendi de adquirir el 29,9% de Prisa. Además, el Gobierno mantiene bajo vigilancia posibles operaciones de inversión extranjera en empresas españolas de sectores estratégicos.
La reforma también contempla ampliar el catálogo de actividades consideradas estratégicas. Entre las nuevas incorporaciones figurarían los centros de datos, mientras que el sistema de control dejaría de centrarse exclusivamente en la adquisición de participaciones en empresas ya operativas. El nuevo marco también abarcaría inversiones greenfield, es decir, proyectos mediante los que se crean desde cero nuevas instalaciones o infraestructuras, tanto tecnológicas como energéticas.
La inclusión de los centros de datos supondría someter a supervisión adicional parte de los grandes proyectos de inversión previstos en España para desarrollar estas infraestructuras. El sector se encuentra, además, a la espera de una regulación específica que establecerá nuevas exigencias relacionadas con la sostenibilidad de estas instalaciones.
Otro de los cambios previstos afecta al procedimiento de autorización. Economía plantea dividirlo en dos etapas, de manera que las operaciones que presenten mayores riesgos o complejidad puedan pasar a una investigación más exhaustiva antes de que la Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX) formule su propuesta al Consejo de Ministros.
La reforma pretende también regular de forma más precisa la posibilidad de ampliar los plazos de análisis. Aunque el procedimiento de autorización tiene teóricamente una duración máxima de tres meses, en la práctica algunas operaciones han requerido más tiempo para completar su evaluación. Para introducir estos cambios, el Ministerio de Economía plantea modificar tanto la Ley 19/2003, sobre el régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, como el Real Decreto 571/2023, que regula las inversiones exteriores.
El proceso se encuentra todavía en una fase inicial. Las modificaciones han sido sometidas a consulta pública para recabar las aportaciones de los sectores afectados, tras lo cual el Gobierno podrá elaborar los correspondientes proyectos normativos y comenzar su tramitación. El endurecimiento del control se produce además en un contexto de menor inversión extranjera directa. La inversión extranjera bruta en España se redujo un 20% en 2025, hasta los 34.016 millones de euros. Aunque la mayoría de las operaciones sometidas al mecanismo de control obtiene finalmente autorización, distintos análisis apuntan a que la existencia de estos procedimientos puede influir en la decisión de plantear determinadas operaciones sobre grandes compañías españolas.