(El Economista, 08-05-2025) | Laboral
Tras remitir al Congreso el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, la ministra de Trabajo ha volcado todos sus esfuerzos en lograr un acuerdo rápido con Junts para evitar que presenten una enmienda a la totalidad que bloquee el debate parlamentario de la norma. En este contexto, la patronal catalana Pimec se ha convertido en un actor clave, al ser la única dispuesta a dialogar sobre posibles ajustes en la ley y por su cercanía con el entorno de Carles Puigdemont. Por ello, Yolanda Díaz ha acelerado el proceso para que esta organización se incorpore a tres órganos de diálogo social: el CES, el CESE y la comisión de convenios colectivos.
Fuentes del Ministerio de Trabajo explicaron, tras el Consejo de Ministros del martes, que la estrategia consiste en negociar con Junts una serie de medidas adicionales al texto ya pactado con los sindicatos CCOO y UGT. No sería la primera vez que la formación catalana cede a cambio de concesiones hacia la patronal catalana. Ya ocurrió el año pasado, durante la tramitación de la reforma del subsidio por desempleo, cuando Junts se atribuyó el mérito de haber logrado una mayor representación para Pimec en el Consejo Económico y Social (CES).
De hecho, el Ministerio incluyó entonces una modificación legal, sin previo aviso a sindicatos ni empresarios, para forzar una redistribución de los escaños del grupo empresarial en el CES. Los consejeros de este órgano están en funciones desde enero y el mandato de su presidente, Antón Costas, concluye este mes, por lo que se espera que la entrada de Ferran Bel, el vocal propuesto por Pimec, se resuelva pronto. Paralelamente, Sumar intenta cerrar un nuevo acuerdo con Junts, lo que ha llevado a Trabajo a avanzar en otros compromisos pendientes.
En cuanto al CESE -su homólogo a nivel europeo-, la situación también está abierta. Según adelantó elEconomista.es, el Ministerio ha retirado uno de los siete puestos asignados a CEOE-Cepyme, que, según fuentes empresariales, habría sido concedido a Pimec. Aunque Conpymes, la confederación nacional a la que pertenece Pimec, también había solicitado formar parte del consejo consultivo de la UE, diversas fuentes apuntan a que la beneficiada directa es la organización catalana.
Asimismo, el departamento de Díaz activó hace casi un mes el proceso para que Pimec se incorpore a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC), dando a CEOE y Cepyme un plazo de diez días para acordar el reparto de los asientos. Sin embargo, desde las oficinas de Diego de León, sede de las patronales mayoritarias, se negaron a negociar con Pimec y ampliaron un recurso judicial ya en curso ante la Audiencia Nacional para frenar esta incorporación hasta que se resuelva la legalidad de la orden ministerial que detalla el nuevo reparto. Pese a que no ha habido avances formales, fuentes empresariales expresan su malestar porque el Gobierno siga adelante con estos cambios en plena campaña electoral de Cepyme y en medio de la discusión sobre la jornada laboral.
Junts, que tiene presente esta batería de asuntos pendientes, recuerda con frecuencia a Yolanda Díaz sus compromisos durante los debates laborales en el Congreso, reflejando así el vínculo constante con Pimec. Hace apenas dos semanas, el presidente de la patronal catalana, Antoni Cañete, se reunió en Waterloo con Puigdemont para exponerle su oposición a la ley, aunque ese gesto fue interpretado desde el Ministerio como una apertura al diálogo.
Desde Sumar creen posible alcanzar un entendimiento con Junts en relación con los puntos que Pimec considera problemáticos para las pymes. En un comunicado reciente, la patronal advertía del incremento en los costes laborales que conllevaría la reducción de jornada, por lo que reclamaba mecanismos de compensación como mayor flexibilidad para gestionar el tiempo de trabajo, más horas extra o un uso más amplio de la distribución irregular de la jornada. También señalaron las dificultades que implican para las pequeñas empresas las exigencias de desconexión digital y el control horario electrónico.
Por eso, la estrategia del Gobierno pasa por superar el trámite de devolución del proyecto para poder presentar enmiendas que recojan estas inquietudes. En paralelo, Pimec también está organizando encuentros con otros grupos parlamentarios en Madrid. Mientras tanto, CEOE ha apostado por tumbar la ley mediante una enmienda a la totalidad y Foment del Treball llevaba meses asegurando que Junts votaría en contra. Sin embargo, a pesar de la postura crítica de Miriam Nogueras en público, fuentes del Ministerio confirman que los contactos con Junts se han intensificado en las últimas semanas, centrados de momento en los aspectos técnicos de la jornada laboral, aunque el tema de la representación de las pymes sigue abierto en la agenda gubernamental.