(El Economista, 13-10-2025) | Laboral
La ampliación del umbral salarial es de carácter obligatorio y actúa como referencia general para todos los convenios y contratos laborales. Sin embargo, tanto el Ministerio de Trabajo como los sindicatos consideran injusto que los empleados con sueldos ligeramente superiores al salario mínimo interprofesional (SMI), debido a ciertos complementos, queden fuera del aumento. Por ello, el Ejecutivo busca impedir que las empresas puedan compensar o absorber los pluses más habituales en las nóminas.
El borrador del Real Decreto sobre el salario mínimo, remitido la semana pasada por el departamento de Yolanda Díaz a los agentes sociales, refleja esta intención. Desde el ámbito empresarial y jurídico se había advertido que eliminar esta práctica sería complejo, ya que está contemplada en el Estatuto de los Trabajadores y avalada por el Tribunal Supremo. Ante ello, Trabajo ha optado por permitir la compensación o absorción de complementos solo cuando el salario total del empleado supere el mínimo legal, especificando qué conceptos no podrán utilizarse para ese ajuste.
La propuesta excluye los complementos vinculados a las condiciones del puesto (como nocturnidad, penosidad, peligrosidad o turnicidad), los relacionados con características personales del trabajador (antigüedad, idiomas o formación) y los que dependen de la cantidad o calidad del trabajo (incentivos, comisiones o primas de productividad). En la práctica, esto limitaría considerablemente la posibilidad de aplicar la compensación, lo que en el entorno empresarial se interpreta como una prohibición implícita de esta práctica.
El contenido del borrador responde a las peticiones formuladas por los sindicatos UGT y CCOO, y busca vincular de manera más directa el salario base con el SMI. Esta postura contrasta con lo que han establecido varias sentencias, que consideran que la remuneración equivalente al salario mínimo debe incluir tanto el salario base como los complementos reconocidos en nómina.
La modificación propuesta surge del acuerdo alcanzado con los principales sindicatos para la subida del SMI en 2024, donde el Gobierno se comprometió a revisar la adecuación de los salarios mediante la reducción del impacto de los complementos. Si se aprueba, algo previsible al tramitarse mediante un Real Decreto que solo requiere la aprobación del Consejo de Ministros, la medida ampliaría notablemente el efecto de las subidas del SMI sobre un amplio número de trabajadores y empresas.
Según los últimos datos de la AIReF, en 2023 un 7,4% de los empleados percibía el salario mínimo, es decir, alrededor de 1,5 millones de personas. Además, un 22,8% (unos 4,8 millones) cobraba hasta un 125% del SMI, por lo que muchos de ellos podrían haber sido alcanzados por las subidas aplicadas en 2024 y 2025. Con las próximas actualizaciones, es probable que un número aún mayor de trabajadores se sitúe en los niveles salariales inmediatamente superiores al mínimo.
Por ahora, no se dispone de estimaciones precisas sobre el impacto económico de la medida. No obstante, desde las organizaciones empresariales se advierte que supondrá un aumento de costes, ya que eliminaría una herramienta utilizada durante años para evitar que los incrementos del SMI obligaran a subir automáticamente todos los salarios.
El texto, al que tuvo acceso elEconomista.es, podría sufrir modificaciones antes de su aprobación definitiva, ya que el Gobierno mantiene abierta la mesa de diálogo para incorporar la directiva europea sobre salarios mínimos. Aun así, esta cuestión parece ser un elemento clave dentro de la reforma del reglamento del SMI. Los sindicatos, por su parte, han condicionado su apoyo al acuerdo sobre el porcentaje de aumento a que la limitación de la compensación y absorción de complementos se aborde de manera conjunta.
Tanto UGT como CCOO habían acusado a la CEOE de bloquear las negociaciones y habían pedido al Ministerio de Trabajo que buscara una alternativa para proteger los complementos salariales. Finalmente, todo apunta a que el Ejecutivo ha decidido integrar ambas cuestiones en un mismo reglamento, que establecerá las bases del SMI para 2026.