(El País, 12-09-2025) | Laboral
Tras el rechazo en el Congreso a la ley de reducción de jornada, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, respondió activando en menos de 24 horas el proceso para reforzar la normativa sobre el registro horario. El Ministerio de Trabajo abrió a consulta pública un proyecto de real decreto destinado a desarrollar el reglamento en esta materia. La iniciativa, sin embargo, ya ha despertado críticas entre organizaciones empresariales y expertos, que alertan de las dudas sobre su aplicación práctica y de las cargas que supondrá, especialmente para autónomos y pequeñas empresas.
El documento presentado es todavía una exposición de motivos en la que se justifica la necesidad de actualizar el sistema de control, sin entrar en la concreción de los artículos. Aun así, la intención de Díaz es clara: rescatar esta parte del fallido proyecto de reducción de jornada, en línea con las demandas sindicales, para avanzar de forma independiente. Esta orientación ya genera inquietud en el tejido empresarial.
En la consulta se apunta que la ausencia de un reglamento específico ha permitido que muchas jornadas laborales se prolonguen más allá de los límites legales y, en ocasiones, sin remuneración. Trabajo reconoce que persisten carencias pese al decreto de 2019 que obligó a las empresas a implantar un sistema de registro. Con la nueva norma se pretende subsanar esas deficiencias y dotar al mecanismo de mayor eficacia frente a los abusos.
El objetivo del real decreto es establecer un modelo más robusto y operativo. Entre los aspectos que se barajan figuran: diferenciar pausas del tiempo efectivo de trabajo, exigir registros electrónicos con verificación de identidad, detallar horas ordinarias y extraordinarias, garantizar el acceso inmediato y remoto a los datos, y permitir la consulta telemática por parte de trabajadores, representantes sindicales e Inspección de Trabajo.
Al tratarse de un desarrollo reglamentario, los cambios se centrarán en el grado de precisión técnica y en la obligatoriedad de que el sistema sea digital, fiable e interoperable. Además, al tramitarse como real decreto, el Gobierno no necesitará la convalidación parlamentaria, lo que evita un nuevo choque en el Congreso, aunque obliga a moderar algunas medidas, como el incremento de sanciones por incumplimientos que sí requeriría rango de ley.
Aún en fase inicial, la propuesta ya ha encendido las alarmas en el empresariado, que teme un aumento de costes y trabas administrativas. La implantación de sistemas digitales conllevaría inversiones en equipos y formación, difíciles de asumir para microempresas y autónomos, muchos de los cuales carecen de experiencia en herramientas digitales.
Desde la patronal se multiplicaron las críticas. Lorenzo Amor (CEOE y ATA) pidió que se deje de cargar a los autónomos con nuevas obligaciones, recordando que la inmensa mayoría cumple la normativa laboral. Miguel Garrido (CEIM) acusó a Díaz de responder a su derrota política con medidas "punitivas" contra las empresas y reclamó diálogo. Por su parte, Ángela de Miguel (Cepyme) cuestionó la viabilidad de la norma en zonas rurales sin acceso adecuado a internet y advirtió de los gastos que implicará para negocios pequeños.
Expertos laborales también advierten de problemas añadidos: dudas jurídicas relacionadas con la protección de datos, sobrecostes de implantación y una especial dificultad para pymes y micropymes. "Una medida de carácter general, sin distinguir tipos de empresa, resultará cara, poco operativa y con interrogantes legales", apuntan especialistas consultados.