(El Economista, 09-02-2026) | Laboral
El Ministerio de Trabajo se muestra partidario de implantar un sistema de compensación pública para los sindicatos por la labor que desempeñan en las mesas de diálogo social, en la negociación de los convenios colectivos y en las reformas laborales, actividades cuyos efectos se extienden a todos los trabajadores y no únicamente a sus afiliados, y que serían distintas de las subvenciones tradicionales. Esta postura ha sido reiterada en varias ocasiones y encuentra ahora un posible cauce legal a través del informe sobre democracia en el trabajo, que plantea incorporarlo a la futura ley con la que el Gobierno pretende reforzar la participación de los trabajadores en el capital y en la toma de decisiones de las empresas.
El documento, elaborado por un grupo de expertos internacionales a petición de Yolanda Díaz hace un año, incluye un borrador normativo destinado a facilitar la presencia de los empleados en los consejos de administración y su acceso a la propiedad parcial de las compañías. Junto a ello, incorpora una serie de recomendaciones de política pública, entre las que figura la necesidad de garantizar una financiación suficiente para que los sindicatos puedan ejercer su función representativa general en el marco de la negociación colectiva y el diálogo social.
Los autores del informe, en línea con la posición del Ministerio, sostienen que la actividad sindical beneficia al conjunto de la fuerza laboral, pese a que solo una parte esté afiliada y contribuya mediante cuotas. De ahí que propongan una ley sobre la participación institucional de los sindicatos más representativos que establezca un sistema de financiación pública destinado a compensarles por una labor considerada esencial.
Este planteamiento deja fuera a las organizaciones empresariales, a pesar de que estas también participan como interlocutores sociales en los procesos de negociación colectiva. En la actualidad, el Ministerio de Trabajo ya concede ayudas a las principales centrales sindicales en función de su representatividad obtenida en las elecciones sindicales. La última convocatoria publicada, correspondiente a 2025, ascendió a 32 millones de euros, el doble de la cuantía asignada en ejercicios anteriores.
Desde el departamento recuerdan que las organizaciones empresariales también reciben apoyo económico por su participación institucional en órganos como el SEPE o la Seguridad Social, al igual que ocurre con los sindicatos. Según las últimas cuentas de la CEOE, en 2024 percibieron cerca de dos millones de euros por esta vía, además de 232.400 euros por su presencia en el Consejo Económico y Social. Tanto patronales como sindicatos, además, pueden optar a subvenciones para programas concretos y a ayudas procedentes de las comunidades autónomas.
La propuesta incluida en el informe, que la vicepresidenta segunda se ha comprometido a analizar, supondría un paso adicional y responde a una reivindicación recurrente de UGT y CCOO, que llevan años reclamando una norma que defina el papel de los interlocutores sociales y articule un sistema de compensación por su intervención en la negociación de miles de convenios colectivos y en la elaboración de la normativa laboral.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, planteó esta demanda durante el 44º Congreso Confederal del sindicato, en el que fue reelegido para un último mandato. En su intervención, defendió que el actual sistema de relaciones laborales se sostiene, en gran medida, con las aportaciones de los afiliados, pese a que los beneficios se extienden al conjunto de los trabajadores. Según expuso, su organización percibía en ese ejercicio en torno a cinco millones de euros, mientras que el coste de su participación en la negociación colectiva ascendía a unos 15 millones.
Álvarez sostuvo que existe una deuda histórica con las organizaciones sindicales desde la Transición y reclamó un acuerdo que permita que el Estado retribuya tanto a sindicatos como a organizaciones empresariales por el trabajo que realizan en beneficio del conjunto de la sociedad, una petición que formuló en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En CCOO, aunque esta posición no se ha expresado con la misma claridad en el ámbito público, los dirigentes comparten un planteamiento similar. El programa con el que Unai Sordo concurrió a la reelección defendía la autofinanciación como uno de los ejes del sindicato, pero en la práctica sus negociadores consideran que la actividad desarrollada en las numerosas mesas de negociación debería ser sufragada por el sector público y no recaer exclusivamente en las cuotas de los afiliados.
El Ministerio de Trabajo ya apuntó en esta dirección en 2024, al presentar los datos sobre la cobertura de la negociación colectiva, que muestran que más del 90% de los trabajadores está protegido por un convenio, pese a que la afiliación sindical es sensiblemente menor. A diferencia de otros países europeos, como Suecia o Dinamarca, en España los acuerdos alcanzados por los interlocutores sociales se aplican de forma generalizada a todos los empleados. Por este motivo, desde el Gobierno consideran razonable explorar fórmulas alternativas a la financiación basada exclusivamente en las cuotas sindicales. Ahora, esta cuestión podría incorporarse al diálogo con patronal y sindicatos en el marco de las futuras conversaciones sobre democracia en el trabajo.