(El Economista, 22-10-2025) | Laboral
El Ministerio de Trabajo está preparando una nueva reforma del Estatuto de los Trabajadores que requerirá el respaldo de la mayoría del Congreso de los Diputados. El objetivo de esta modificación, impulsada por el equipo de Yolanda Díaz, es declarar nulos los despidos que se produzcan como represalia contra empleados que denuncien irregularidades o posibles casos de corrupción dentro de sus empresas. Para ello, el Ministerio ha abierto un proceso de consulta pública y se ha comprometido a remitir un borrador del anteproyecto a los agentes sociales.
Durante una intervención en el Senado, la vicepresidenta segunda del Gobierno anunció que el Ejecutivo impulsará "una reforma integral del despido" con el fin de "evitar las represalias ante denuncias de corrupción" y criticó la actuación del Partido Popular en esta materia. Díaz pidió además el apoyo del PP a la iniciativa, apelando a su declarada preocupación por la corrupción.
Aunque la Ley de Protección del Informante de 2023 ya prohíbe las represalias laborales -como la suspensión del contrato o el despido- contra quienes denuncien conductas ilícitas, el Ministerio de Trabajo considera que existe una laguna legal. En concreto, la norma no establece expresamente que esos despidos sean nulos, lo que permitiría que algunos jueces los consideren simplemente improcedentes. Por ello, el Ejecutivo plantea modificar tanto el Estatuto de los Trabajadores como la Ley de Jurisdicción Social.
Con la regulación actual, si un juez califica un despido como improcedente, la empresa puede optar entre reincorporar al trabajador o pagarle una indemnización de 33 días de salario por año trabajado, hasta un máximo de dos años. Trabajo considera que esta opción debilita la protección de los empleados frente a posibles represalias y genera una situación de desigualdad respecto al sector público, donde la nulidad del despido sí está claramente establecida.
El documento de consulta del Ministerio argumenta que declarar nulos estos despidos evitará interpretaciones contradictorias y reforzará la eficacia del sistema de protección, ya que limitarse a una indemnización por improcedencia no disuade a las empresas ni garantiza la defensa efectiva de los derechos fundamentales.
El Gobierno ha fijado el 30 de octubre como plazo para que los interesados presenten sus aportaciones antes de redactar el borrador del anteproyecto. Por su parte, CCOO ha propuesto ampliar la protección también a los trabajadores que sufran represalias por denunciar infracciones ante la Inspección de Trabajo, y no solo a quienes se acojan a la ley del whistleblowing.
Según Javier Pacheco, responsable de Acción Sindical del sindicato, aunque las denuncias relacionadas con la corrupción son relevantes, son más frecuentes las represalias contra quienes acuden a la Inspección de Trabajo por prácticas ilícitas. Pacheco señala que estos casos son difíciles de probar, ya que las empresas suelen alegar otros motivos para justificar el despido, y por ello pidió al secretario de Estado Joaquín Pérez Rey que incluya esta protección en el texto legislativo.
La declaración de nulidad de un despido implica que la empresa debe readmitir al trabajador y pagarle los salarios de tramitación, es decir, el dinero que habría cobrado desde el despido hasta la resolución judicial o la obtención de un nuevo empleo. Esta calificación se reserva a casos de vulneración de derechos fundamentales, aunque en los últimos años se ha ampliado a otros supuestos.
Por otro lado, la Ley de Protección del Informante obliga desde 2023 a todas las empresas con más de 50 empleados, así como a partidos políticos, sindicatos, patronales y fundaciones, a implantar canales internos de denuncia. El plazo para designar un responsable del canal finaliza el 1 de noviembre, y las empresas que no cumplan podrán ser sancionadas con hasta un millón de euros.
Además del canal interno, la normativa europea prevé un canal externo gestionado por la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que comenzó a operar el 1 de septiembre, complementando así las agencias autonómicas que ya funcionan en varias comunidades.