(El País, 24-04-2026) | Laboral
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros dará luz verde al anteproyecto de ley con el que se pretende actualizar la normativa de prevención de riesgos laborales. Este texto, acordado con CC OO y UGT pero rechazado por la patronal CEOE, recibirá una primera aprobación el martes -coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo- antes de pasar por los informes obligatorios y volver al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Posteriormente, será remitido al Congreso, donde previsiblemente encontrará dificultades para salir adelante debido al rechazo empresarial y a la oposición de varios grupos políticos.
La reforma busca modernizar una legislación que, según Díaz, ha quedado obsoleta desde su aprobación en 1995, ya que tanto el mercado laboral como los modelos productivos han cambiado profundamente. El objetivo es adaptar la prevención de riesgos a la realidad actual.
Entre las principales novedades, se plantea la creación del "agente territorial de prevención", una figura designada por sindicatos y organizaciones empresariales para supervisar las condiciones laborales en empresas de menos de diez trabajadores, donde se concentra una mayor siniestralidad. Además, se reforzará el control sobre los servicios de prevención externos que muchas compañías contratan.
El texto también reduce el umbral a partir del cual las empresas están obligadas a contar con un servicio de prevención propio: pasará de 500 a 300 empleados. En el sector de la construcción, este requisito será aún más exigente, fijándose en 150 trabajadores en lugar de 250. Asimismo, se intensificará el seguimiento de las medidas preventivas entre los autónomos.
La reforma introduce además nuevos enfoques, como la atención a los riesgos derivados del cambio climático, los factores psicosociales, así como la incorporación de la perspectiva de género y de edad. También refuerza el derecho a la desconexión digital y limita la posibilidad de que el empresario asuma personalmente la prevención a empresas de hasta diez trabajadores, frente a los 25 actuales.
Con esta iniciativa, el Ministerio de Trabajo busca reducir los accidentes laborales en España. En 2025 fallecieron 584 personas durante su jornada laboral, una cifra inferior a la del año anterior, aunque con un aumento preocupante en el sector de la construcción, donde las muertes pasaron de 135 a 164.
Los sindicatos han presionado al Gobierno para acelerar la tramitación de estas medidas. Desde CC OO se ha recordado el compromiso de aprobar por decreto algunas actuaciones urgentes que no requieren validación parlamentaria, como las relacionadas con fenómenos climáticos extremos, ante la previsión de un verano complicado.
Además, Trabajo y los sindicatos acordaron impulsar por decreto una normativa específica sobre riesgos psicosociales que obligue a todas las empresas a evaluarlos, reforzar la coordinación entre empresas que comparten un mismo centro de trabajo, actualizar la regulación de los espacios laborales y endurecer los requisitos aplicables a los servicios de prevención.
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha criticado la demora en la aprobación del anteproyecto y ha advertido de que el rechazo parlamentario supondría oponerse en bloque a la reforma, defendiendo que el texto debería debatirse y enmendarse. También ha subrayado la gravedad de la siniestralidad laboral, recordando el elevado número de vidas que se pierden cada año en el trabajo.
Según los últimos datos de Eurostat, España presenta una tasa de mortalidad laboral de 1,71 fallecidos por cada 100.000 trabajadores, ligeramente por encima de la media de la Unión Europea (1,63) y muy superior a la de países con mejores registros, como Países Bajos, Alemania o Polonia.