(El País, 05-09-2025) | Laboral

Yolanda Díaz no se da por vencida con la reducción de la jornada laboral, aunque a solo seis días de la primera votación en el Congreso el Gobierno sigue sin reunir los apoyos necesarios para salvar la propuesta. El rechazo de Junts -que, al igual que PP y Vox, ha presentado una enmienda a la totalidad- amenaza con tumbar desde el inicio la iniciativa estrella del Ministerio de Trabajo. Sería un golpe para el Ejecutivo en un momento en que intenta recomponer la mayoría de investidura con la vista puesta en los Presupuestos, y especialmente para Sumar, que ha hecho de la jornada de 37,5 horas semanales, congelada desde hace más de cuatro décadas, uno de sus principales compromisos de legislatura.

Tras conocerse la fecha de la votación, la vicepresidenta Díaz reconoció este miércoles las dificultades de sacar adelante la ley, pero trasladó la responsabilidad a la oposición. "No es el Gobierno el que falla, es el PP, que está perjudicando a los trabajadores", afirmó en rueda de prensa, acusando al partido de Feijóo de rechazar cualquier acercamiento. Evitó, en cambio, cargar directamente contra Junts, con quien han intentado llegar a un acuerdo durante meses.

"Voy a seguir trabajando, nunca me levanto de una mesa. En la reforma laboral también acudí al pleno sabiendo que la perderíamos", recordó, preparando el terreno para un posible revés pero apelando al diálogo hasta el final. En gallego resumió: "Os tempos son chegados". Y añadió que si la propuesta fracasa, la volverá a presentar en el Consejo de Ministros, descartando retirarla en el último momento para esquivar una derrota parlamentaria.

Aunque Junts alega razones ideológicas para oponerse a la reducción, en el Ministerio aseguran que las conversaciones técnicas con este grupo están muy avanzadas y que las trabas tienen más que ver con cuestiones políticas -como la amnistía o el uso del catalán en Europa- que con la propia norma. También apuntan a que la cercanía de la votación con la Diada podría influir en la postura final de los de Puigdemont.

Fuentes de Junts confirmaron que mantienen la enmienda a la totalidad y culparon al Gobierno de errores en la fijación de la fecha del debate. El propio Ejecutivo intentó retrasarlo en la Junta de Portavoces, pero PP, Vox y UPN lo impidieron al contar con mayoría en ese órgano. En realidad, los plazos obligaban a que la norma se debatiera en ese momento, tras la calificación de las enmiendas en la Comisión de Trabajo.

Aun así, Díaz y su equipo preferían no prolongar más la espera. Trabajo intentó llevar la ley al pleno del 22 de julio, pero Sumar decidió posponerla para dar margen a las negociaciones con Junts y evitar que quedara eclipsada por los casos de corrupción que afectaban entonces al PSOE.

La reducción de la jornada fue una de las exigencias clave de Sumar en la negociación con el PSOE tras las elecciones del 23-J. Aunque no lograron cumplir con el primer objetivo -bajar a 38,5 horas antes de finales de 2024-, consideran imprescindible aprobar en 2025 la jornada de 37,5 horas, de ahí su decisión de no retrasar más la tramitación.

El proyecto cuenta con la oposición frontal de las patronales, argumento esgrimido también por Junts, pero sí recibe el respaldo de los principales sindicatos, CC OO y UGT. Su secretario general, Pepe Álvarez, admitió que la votación llega demasiado pronto tras el parón estival, aunque confía en que "la batalla se acabará ganando, si no ahora, más adelante".

La propuesta no se limita a la reducción de la jornada máxima semanal de 40 a 37,5 horas. También garantiza que no haya pérdida salarial, incluso en contratos a tiempo parcial, refuerza el derecho a la desconexión digital y endurece el control del registro horario: será obligatorio en formato digital, sin anotaciones en papel, y las sanciones se aplicarán por trabajador afectado y no de forma general a la empresa. Este último punto, el relativo al registro horario, se aprobará en cualquier caso, ya que puede modificarse sin pasar por el Congreso. Trabajo lo utilizará como medida de presión frente a la patronal, incluso si la reducción de jornada fracasa en el Parlamento.

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