(El País, 27-06-2024) | Laboral
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció ayer a la patronal CEOE que el Consejo de Ministros aprobará "pronto" el anteproyecto de la ley para reducir la jornada laboral, pasando de 40 a 37,5 horas semanales en 2025. Este mismo año, la jornada se reducirá a 38,5 horas semanales, todo ello sin disminuir los salarios.
En los pasillos del Congreso de los Diputados, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo explicó que la reducción del tiempo de trabajo "será inminente", ya sea mediante un acuerdo bipartito entre el Gobierno y los sindicatos, o a través de un pacto que también incluya a los empresarios. "Vamos a ver qué propone la patronal el lunes, pero por primera vez no han presentado ningún documento en la mesa de negociación. Cumpliremos con el compromiso democrático, lo haremos con los sindicatos de nuestro país, pero insisto, no nos levantaremos de la mesa hasta conseguir un acuerdo, si la patronal así lo estima", afirmó.
La vicepresidenta también expresó su postura en respuesta a una pregunta del diputado de ERC, Jordi Salvador, sobre este asunto. Yolanda Díaz manifestó su firme intención de "erradicar la lacra de las horas extraordinarias no pagadas". Según ella, esta es una de las razones por las cuales las empresas se resisten tanto a reducir la jornada laboral. Informó a la Cámara Baja que en España se realizan cuatro millones de horas extraordinarias a la semana, de las cuales el 41% no son remuneradas por las empresas, es decir, 1,6 millones de horas. Por todas estas razones, Díaz insistió en que "esta lacra debe acabar".
Por este motivo, la ministra de Trabajo también señaló que "para evitar los abusos [de las empresas] con la jornada laboral", se pretende endurecer el registro horario de las empresas, haciéndolo "fiable, digital, accesible e interoperable [con la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social", y estableciendo sanciones "eficaces y disuasorias". El incumplimiento de las empresas en este punto, con fraude en la jornada laboral del trabajador, será considerado una falta grave, y la sanción máxima por cada irregularidad cometida será de hasta 10.000 euros por empleado afectado.
La vicepresidenta explicó a los diputados que, en realidad, gracias a la negociación colectiva, la jornada media pactada en las empresas y sectores es de 38,2 horas semanales. Además, añadió que la medida no solo beneficiará la conciliación de la vida laboral y familiar, sino también la productividad de las empresas. También es importante señalar que Díaz necesita implementar la reducción de la jornada laboral por ley, sin reducir los salarios, para justificar su presencia en el Gobierno. Su situación política es muy frágil, tras haber dimitido como coordinadora de Sumar, debido a los malos resultados electorales obtenidos este año.
En cualquier caso, la patronal CEOE ha convocado a su Comisión de Seguridad Social y de Trabajo para las nueve de la mañana de hoy, con el fin de analizar una vez más la propuesta del Gobierno sobre la reducción de jornada. Cabe recordar que el pasado lunes, el Gobierno dio una semana a la patronal para que presentara una propuesta por escrito sobre la reducción del tiempo de trabajo en la negociación del diálogo social.
En caso contrario, como reiteró ayer Díaz, el Ejecutivo está dispuesto a cerrar un acuerdo solo con los sindicatos. Además, el Gobierno, CCOO y UGT ya admiten que, a falta de unos detalles, ya hay un acuerdo en ese lado de la mesa, a la espera de lo que digan los empresarios.
La convocatoria de la Comisión de Seguridad Social y de Trabajo de la CEOE se produce horas después de que el presidente de la organización, Antonio Garamendi, dijese al Gobierno que no tiene "nada que contestar". Por lo tanto, pidió al Ejecutivo que tome la decisión que corresponda, "que haga lo que tenga que hacer y lleve la ley al Parlamento".
El presidente de la CEOE afirmó que la reducción de la jornada laboral sin bajar los salarios es "perjudicial para la economía española y especialmente para las pequeñas empresas: ¿cómo se puede aplicar en las panaderías, los bares, el comercio o el campo?". "Hay millones de pequeños empresarios y autónomos que podrían verse afectados negativamente por la medida", concluyó Garamendi.