(El País, 31-03-2026) | Laboral

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apuesta por una implantación "equilibrada" del nuevo sistema de registro horario digital. En una entrevista en la Cadena SER, explicó que esto implicaría conceder más tiempo a las pequeñas y medianas empresas para adaptarse. En concreto, planteó ampliar el plazo hasta un año desde la aprobación del real decreto, en lugar de los 20 días que contempla actualmente el texto. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo considera excesivo ese margen y propone limitarlo a seis meses.

Según detalló Cuerpo, la norma elaborada por Trabajo establece su entrada en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, sin diferenciar plazos según el tamaño de las empresas o el sector. Aunque ese periodo no figura expresamente en el texto, desde el departamento que dirige Yolanda Díaz han defendido dar a las pymes un plazo de adaptación de medio año, postura que mantienen tras las declaraciones del ministro.

La vicepresidenta segunda ha mostrado su malestar con Economía a raíz del dictamen crítico del Consejo de Estado, que incluye observaciones negativas de varios organismos, entre ellos Función Pública y Protección de Datos. No obstante, Trabajo centra sus críticas en los informes del Ministerio de Economía, donde se aboga por un periodo transitorio más amplio y por medidas que reduzcan el impacto en las pymes. Además, se advierte de que una aplicación uniforme podría no ajustarse a las particularidades de algunos sectores.

Cuerpo ha defendido que el refuerzo del control horario -que obligará a que sea digital y accesible para la Inspección de Trabajo- es una medida necesaria para avanzar en la reducción de la jornada laboral, un compromiso del Gobierno. No obstante, ha subrayado que el desacuerdo no está en el objetivo, sino en la forma de aplicarlo, insistiendo en la importancia de adaptar la medida a la realidad empresarial para facilitar su cumplimiento.

Por su parte, Díaz ha acusado a Economía de alinearse con la patronal tras el dictamen desfavorable, y ha reafirmado su intención de sacar adelante la reforma. Ha asegurado que el registro horario se implantará, introduciendo únicamente ajustes técnicos, pero sin modificar el fondo de la norma. Además, ha defendido la medida como una herramienta para combatir el impago de horas extra y garantizar los derechos laborales.

Los sindicatos respaldan el refuerzo del registro y han manifestado su preocupación por el dictamen del Consejo de Estado, mientras que las organizaciones empresariales lo han valorado positivamente, ya que podría facilitar la presentación de recursos judiciales contra la medida.

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