(El Economista, 29-09-2026) | Fiscal
El Ministerio de Economía llevará este martes al Consejo de Ministros su propuesta para crear una cuenta europea de inversión, concebida para incentivar el ahorro a largo plazo y canalizar recursos hacia empresas y sectores estratégicos europeos. La iniciativa contempla, según fuentes conocedoras de su desarrollo, una exención fiscal durante los primeros cinco años para los inversores que mantengan el dinero inmovilizado durante ese periodo. A partir del quinto año, las plusvalías obtenidas tributarían al 20%, con independencia del tipo marginal que correspondiera al contribuyente.
La medida supondría una reducción fiscal de hasta tres puntos porcentuales para los contribuyentes con rentas del capital sometidas a los tipos más elevados. El objetivo es hacer más atractivos estos vehículos y favorecer que el ahorro se destine a inversiones productivas a largo plazo. Todavía está por concretar qué activos podrán incorporarse, entre ellos acciones, bonos, fondos o ETF, así como si será obligatorio destinar una parte determinada de la inversión a empresas españolas o europeas.
También queda por determinar si se creará un nuevo producto financiero específico o si se adaptarán instrumentos de ahorro ya existentes, como los seguros individuales de ahorro a largo plazo (Sialp) o las cuentas individuales de ahorro a largo plazo (Cialp). Estos productos ya contemplan horizontes mínimos de inversión de cinco años y podrían adaptarse a los requisitos de las futuras cuentas europeas, facilitando además su distribución a través de bancos y aseguradoras.
La propuesta se enmarca en la estrategia europea para movilizar el ahorro hacia la inversión. Bruselas pretende canalizar parte de los más de diez billones de euros que actualmente permanecen en depósitos hacia sectores considerados estratégicos para la competitividad europea, como la digitalización. En este contexto, España impulsó junto a otros países la iniciativa Finance Europe, que plantea que estos productos mantengan un horizonte mínimo de cinco años y destinen al menos el 70% de sus activos a empresas del Espacio Económico Europeo, además de contar con una presencia relevante de renta variable.
El tratamiento fiscal planteado por España, no obstante, podría ser menos amplio que el que se está estudiando en otros países europeos, donde se contemplan fórmulas de exención más generosas. La efectividad de la iniciativa dependerá también de la variedad de activos que puedan incluirse, de la flexibilidad para decidir dónde invertir y de la existencia o no de límites máximos de aportación.