(El País, 16-10-2026) | Laboral
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que la actualización de las pensiones prevista para 2027 se aprobará previsiblemente después de las elecciones generales del 29 de noviembre, aunque el Ejecutivo mantiene su compromiso de aplicar una subida vinculada al Índice de Precios de Consumo (IPC). Durante una entrevista concedida este jueves a TVE, Cuerpo ha explicado que el calendario electoral dificulta la aprobación del incremento antes de los comicios. El motivo es que el dato adelantado de inflación de noviembre, necesario para calcular la revalorización, no se conocerá hasta el 27 de noviembre, apenas dos días antes de la cita electoral.
Ante esta situación, el ministro considera viable que el Gobierno apruebe la correspondiente actualización mediante un real decreto-ley durante el mes de diciembre, cuando ya se encuentre en funciones. Posteriormente, la norma podría ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso, sin necesidad de esperar a la constitución del nuevo Ejecutivo. Cuerpo ha insistido en que la subida de las pensiones está garantizada por la legislación vigente, que establece su revalorización conforme a la evolución de los precios. Por tanto, ha defendido que la decisión debe adoptarse tan pronto como se disponga de los datos necesarios, con el objetivo de que las nuevas cuantías puedan aplicarse desde el inicio de 2027.
El titular de Economía considera que existen argumentos suficientes para justificar la aprobación urgente de esta medida en diciembre, incluso con el Gobierno en funciones, dado su interés general y la necesidad de actualizar las prestaciones antes de finalizar el ejercicio. Desde Bruselas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado en términos similares y ha confirmado la intención del Ejecutivo de aprobar la revalorización de las pensiones antes de que termine el año, aunque sin comprometerse a hacerlo antes de las elecciones. Sánchez ha querido transmitir tranquilidad a los pensionistas y ha reiterado que las prestaciones se incrementarán de acuerdo con el IPC, tal como establece la normativa aprobada durante la actual etapa de gobierno.
El presidente también ha defendido la situación financiera del sistema público de pensiones y ha destacado la evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Según sus previsiones, la denominada hucha de las pensiones alcanzará los 20.000 millones de euros al finalizar la legislatura, frente a los aproximadamente 5.000 millones que, según ha señalado, había cuando el actual Ejecutivo asumió sus responsabilidades. Asimismo, Sánchez ha vinculado la sostenibilidad del sistema con las políticas laborales desarrolladas en los últimos años, entre ellas las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional, la reducción de la temporalidad y la mejora de las condiciones de contratación.
A su juicio, el fortalecimiento del empleo y el incremento de los salarios contribuyen a elevar las cotizaciones sociales y, por tanto, a mejorar los recursos disponibles para financiar las pensiones. En este contexto, el presidente ha criticado las posiciones del Partido Popular y Vox sobre el futuro del sistema, al considerar que sus propuestas generan incertidumbre entre los pensionistas. También ha reclamado a ambas formaciones que impulsen, en sus relaciones con las organizaciones empresariales, una mejora de las retribuciones de los trabajadores durante las próximas negociaciones colectivas. Según Sánchez, el debate debería centrarse en aumentar los salarios y reforzar los ingresos de la Seguridad Social, en lugar de plantear posibles recortes de las prestaciones.
La sostenibilidad del sistema público de pensiones se ha convertido en uno de los principales asuntos del debate político previo a las elecciones generales. Mientras el PSOE defiende las reformas aprobadas y sostiene que las pensiones están garantizadas, el Partido Popular ha planteado la necesidad de estudiar cambios que aseguren la viabilidad del sistema a largo plazo. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado su compromiso con la actualización de las pensiones conforme al IPC, aunque también considera necesario avanzar hacia un modelo que garantice las prestaciones de las generaciones más jóvenes. Por su parte, la portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz, ha advertido de los riesgos que afronta el sistema en el futuro y ha defendido la conveniencia de introducir reformas estructurales. Vox, a su vez, ha planteado la posibilidad de avanzar hacia un modelo de pensiones que combine elementos de financiación pública y privada.
En cualquier caso, Cuerpo ha reiterado que el incremento previsto para 2027 responde a una obligación legal y que el Gobierno pretende garantizar su aplicación independientemente del resultado electoral. Además de las pensiones, el Ejecutivo tiene pendiente determinar la actualización del salario mínimo interprofesional para el próximo ejercicio. En este ámbito existen diferencias sobre el calendario de aprobación. El Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, pretende impulsar la subida antes de las elecciones del 29 de noviembre, mientras que Economía considera prioritario que la decisión se adopte antes de finalizar el año, sin concretar si será antes o después de los comicios.
El departamento de Trabajo está pendiente de las conclusiones de la comisión de expertos encargada de analizar la evolución del salario mínimo y formular recomendaciones para su actualización. La intención del Ministerio es acelerar estos trabajos para disponer de una propuesta durante noviembre. Los sindicatos, por su parte, han reclamado un incremento del 7% para 2027, al considerar necesario seguir mejorando las retribuciones de los trabajadores con menores ingresos. A diferencia de la actualización de las pensiones, la modificación del salario mínimo puede aprobarse mediante un real decreto del Gobierno, sin necesidad de recurrir a un real decreto-ley.
Cuerpo ha explicado que la convocatoria electoral y los plazos para constituir el nuevo Congreso y formar Gobierno aconsejan reducir cuanto antes la incertidumbre de las personas que perciben el salario mínimo. Las elecciones están previstas para el 29 de noviembre y la constitución del nuevo Congreso para el 23 de diciembre, por lo que la formación de un nuevo Ejecutivo podría prolongarse hasta 2027. En este escenario, el ministro considera conveniente que la actualización salarial quede definida antes de que termine 2026. Respecto a la cuantía del incremento, el responsable de Economía ha recordado que el salario mínimo ha aumentado aproximadamente un 66% durante los últimos años y sostiene que ya ha alcanzado la referencia del 60% del salario medio utilizada en el ámbito europeo. Las organizaciones sindicales discrepan de esta valoración y consideran que todavía existe margen para continuar elevando el salario mínimo, especialmente ante la evolución del coste de la vida.
Pese a estas diferencias, Cuerpo ha subrayado que el principal objetivo debe ser preservar el poder adquisitivo de quienes perciben las remuneraciones más bajas. De esta manera, el Gobierno afronta las últimas semanas antes de las elecciones con dos decisiones relevantes pendientes en materia de protección social y laboral: concretar la revalorización de las pensiones para 2027 y determinar el nuevo salario mínimo, ambas con la intención anunciada de evitar que la inflación reduzca la capacidad económica de pensionistas y trabajadores.