(El Economista, 21-10-2024) | Fiscal
Casi todas las principales economías europeas, con la excepción de Alemania, ya están implementando -o planean hacerlo próximamente- un aumento de impuestos a las grandes empresas. Cuatro países, incluyendo al Reino Unido, han mantenido los impuestos especiales que se crearon en respuesta a la guerra de Ucrania, como en el caso de España, o han recurrido a modificaciones en los impuestos tradicionales para incrementar la recaudación a costa de las grandes corporaciones.
El último país en dar este paso ha sido Francia, cuyo nuevo Gobierno conservador, liderado por Michel Barnier, ha aprobado en su proyecto de presupuestos para 2025 un aumento temporal del Impuesto de Sociedades para aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros anuales.
En Italia, el ministro de Economía, Giancarlo Gioretti, también ha propuesto una subida de impuestos para las compañías que más han ganado durante el último ejercicio fiscal, en un contexto en el que ya aplican un impuesto a la banca que ha sido poco eficaz.
Cristina Enache, experta de la Tax Foundation, advirtió que estas medidas provocarán "una pérdida de competitividad", ya que las empresas "no sabrán si invertir o no, lo que afectará a los salarios y a la cantidad de capital", lo que a su vez impactará en el crecimiento de las principales economías de la zona euro.
Enache también hace referencia a un informe del Parlamento Europeo que concluye que históricamente los impuestos sobre beneficios extraordinarios afectan negativamente a la inversión, lo que podría reducir la competitividad de las empresas en los países que los aplican.
La competitividad en Europa, según el expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi, está en un punto bajo. En su informe para la Comisión Europea, Draghi advierte que Europa no está modernizándose al ritmo necesario para competir con sus principales rivales, China y Estados Unidos, y que si continúa en esta trayectoria, quedará relegada a una posición de irrelevancia a nivel mundial.
El nuevo modelo tributario en Francia eleva temporalmente el Impuesto de Sociedades del 25% al 30% para el primer año, mientras que para las empresas con ingresos superiores a 3.000 millones de euros, el tipo impositivo será del 35%. Además, se introducirá un impuesto temporal al patrimonio para familias que paguen más de 500.000 euros al año y para personas solteras con una renta fiscal de referencia superior a 250.000 euros. De Italia, por ahora, se conocen pocos detalles.
Tanto en Francia como en Italia, la justificación de estos impuestos es la necesidad de sanear las cuentas públicas. Francia espera cerrar el año con un déficit del 6% del PIB, mientras que en Italia se prevé un déficit del 3,8%, cifras alejadas de los límites establecidos por la normativa fiscal de la Unión Europea, que exige reducirlo por debajo del 3% antes de 2027.
El Gobierno francés estima que recaudará 20.000 millones de euros con estos impuestos temporales a los ricos y a las grandes empresas. En cuanto a Italia, elEconomista.es contactó con el Ministerio de Economía, pero no recibieron comentarios sobre el anuncio del ministro.
En España, en 2023, la Agencia Tributaria recaudó 2.908 millones de euros a través de este impuesto, quedándose a solo 100 millones de alcanzar la previsión inicial de 3.000 millones. El Ejecutivo está evaluando la posibilidad de hacer este impuesto permanente, con algunas modificaciones, según el plan fiscal a siete años enviado a la Comisión Europea.
Fuera de la UE, el Reino Unido también contempla un impuesto del 38% (35% hasta el 1 de noviembre de 2024), que se suma al actual 40% sobre el petróleo y el gas, generando una tasa efectiva del 78%. Cristina Enache señala que la diferencia entre el impuesto británico y el español radica en que el primero es muy específico, ya que se aplica solo a empresas extractoras, mientras que en España afecta a las empresas energéticas en general.
La experta de Tax Foundation advierte que este tipo de impuestos son "muy dañinos para la economía". Aunque son las empresas quienes pagan el tributo, "termina repercutiendo en los trabajadores, los consumidores y los dividendos de los accionistas", explica. Según ella, un impuesto sobre beneficios extraordinarios de este tipo "puede llevar a las empresas a reducir su personal, incrementando el desempleo".