(El Economista, 20-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Nuevo revés para Airbnb: El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado el bloqueo inmediato de 65.935 anuncios de viviendas turísticas ilegales publicados en la plataforma por incumplir la normativa de publicidad que rige este tipo de alojamientos.
Según comunicó este lunes el departamento que dirige Pablo Bustinduy, los anuncios infringen la legislación de diversas comunidades autónomas, donde se ha detectado su presencia. En todos los casos se trata de viviendas completas destinadas al uso turístico, sin que se incluyan anuncios de alquiler de habitaciones sueltas.
La Dirección General de Consumo ha remitido el requerimiento a la filial irlandesa de Airbnb con tres argumentos que justifican la ilegalidad: Ausencia de número de licencia o registro: Muchos anuncios no muestran este dato obligatorio según las normativas autonómicas; Falta de información sobre la figura del arrendador: No se especifica si se trata de un particular o de una empresa, lo que impide saber si el arrendatario tiene la protección legal como consumidor; y Licencias falsas o incorrectas: Algunos anuncios incluyen números de licencia que no se corresponden con los registrados por las autoridades, lo que puede generar confusión o engaño en los usuarios.
Esta actuación se suma a tres expedientes previos abiertos por el Ministerio en los últimos meses por hechos similares, que siguen su curso legal de forma paralela. Uno de estos expedientes, iniciado en diciembre de 2024, ya ha tenido respuesta judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado la actuación del Ministerio y ha ordenado a Airbnb retirar de forma inmediata 5.800 anuncios ilegales. Esta decisión afecta a anuncios de viviendas turísticas ubicadas en Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco. El Ministerio ha calificado esta resolución como una "gran victoria en la defensa del derecho a la vivienda".
Por su parte, Airbnb ha criticado la medida, alegando que se ha utilizado una "metodología indiscriminada" para elaborar el listado de anuncios, incluyendo propiedades con licencia o que podrían no requerirla, como los arrendamientos de temporada, que no se consideran oferta turística. La empresa también ha asegurado que continuará recurriendo todas las resoluciones derivadas del caso y ha defendido que el Ministerio no tiene competencia directa en materia de regulación turística, además de considerar que las actuaciones no se ajustan al marco legal español ni europeo.