(El Economista, 20-10-2026) | Laboral
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido la necesidad de reforzar el diálogo y la cooperación entre empresas, administraciones públicas y agentes sociales para abordar los principales desafíos económicos y sociales. Durante su intervención en los XXV Premios ATA: Autónomo del Año, expresó su preocupación por la situación política española y advirtió de que el país parece alejarse del espíritu de consenso que permitió alcanzar la Constitución.
Garamendi también cuestionó la convocatoria de la huelga general y anunció que la patronal tiene intención de impugnarla por considerar que podría ser ilegal. «Ese no es el camino», afirmó, al tiempo que criticó lo que considera una creciente confrontación con las empresas. En este sentido, planteó si los autónomos son responsables de los problemas de acceso a la vivienda o de la inflación y pidió que las tensiones no se trasladen a las calles.
El dirigente empresarial reclamó, asimismo, respeto por las reglas democráticas y rechazó que determinadas decisiones institucionales se utilicen con fines electorales. También mostró su desacuerdo con la actuación del Ministerio de Trabajo en relación con el Consejo Económico y Social (CES), en particular con la iniciativa para facilitar la incorporación de la patronal catalana Pimec a este órgano, una decisión impulsada por Yolanda Díaz sin el consenso previo de las organizaciones empresariales.
Durante su intervención, el presidente de la CEOE insistió en que cuestiones como el acceso a la vivienda y el aumento de los costes empresariales requieren soluciones negociadas entre las partes implicadas. En este sentido, reclamó mayor lealtad institucional y coordinación entre las distintas administraciones, además de una mayor atención a las demandas ciudadanas. «A las soluciones complejas, como la vivienda, solo vamos a llegar si nos sentamos en una mesa con espacios de escucha», defendió.
La convocatoria de la huelga general por parte de CCOO y UGT, bajo la reivindicación del derecho a la vivienda y de unos salarios suficientes para poder pagarla, ya había suscitado dudas entre CEOE y Cepyme sobre su legalidad. Ambas organizaciones empresariales consideraban que la protesta podía tener un componente político, al estar relacionada con la crisis de acceso a la vivienda. No obstante, habían evitado pronunciarse de forma definitiva hasta conocer el contenido de la convocatoria, registrada oficialmente este lunes ante el Ministerio de Trabajo.
Junto a la iniciativa de los dos sindicatos mayoritarios, otras organizaciones de trabajadores, como CGT y CNT, han promovido una convocatoria propia. Pese a las diferencias entre las distintas organizaciones sindicales, el Sindicato de Inquilinas ha destacado la unidad mostrada por estos colectivos en torno a la movilización.
El documento presentado por CCOO y UGT sitúa el derecho a la vivienda como principal motivo de la huelga, pero incorpora también reivindicaciones relacionadas con los salarios y la negociación colectiva. Entre ellas figuran la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores y las críticas a CEOE y Cepyme por no haber retomado las conversaciones para renovar el acuerdo marco estatal sobre negociación colectiva.
Esta combinación de demandas sociales y laborales constituye uno de los puntos centrales de la controversia entre sindicatos y patronal. Mientras las organizaciones convocantes defienden que sus reivindicaciones están vinculadas a los intereses económicos y profesionales de los trabajadores, la CEOE cuestiona la legalidad de la protesta por entender que puede perseguir objetivos ajenos al ámbito estrictamente laboral.
El marco jurídico de referencia es el Real Decreto-ley 17/1977, que considera ilegales las huelgas iniciadas o mantenidas por motivos políticos o con finalidades distintas de los intereses profesionales de los trabajadores afectados. La interpretación de este precepto resulta determinante para valorar la convocatoria. Los sindicatos, por su parte, confían en que los precedentes judiciales del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional respalden su posición, al considerar que las reivindicaciones socioeconómicas también pueden quedar amparadas por el derecho de huelga.