(El Economista, 24-10-2025) | Laboral
A comienzos de mes, el Ministerio de Trabajo envió a los agentes sociales un borrador de Real Decreto con el objetivo de impedir que las empresas puedan compensar o absorber los complementos salariales de los trabajadores al aplicar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en sus nóminas. La patronal CEOE considera que este cambio no puede hacerse mediante un reglamento y advierte de que podría obligar a aumentar los sueldos hasta un 25% en algunos sectores.
"El Gobierno pretende alterar los artículos 26 y 27 del Estatuto de los Trabajadores, que regulan la compensación de los distintos complementos salariales. Ya no se habla de SMI, sino de salario base, lo que rompe la negociación colectiva", criticó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante la asamblea general de Cepyme, reflejando la preocupación de los sectores con mayor proporción de empleados que cobran el salario mínimo.
Uno de los sectores más afectados sería el de la limpieza. Según explica Juan Ignacio Beltrán, presidente de ASPEL, a elEconomista.es, la imposibilidad de absorber o compensar los complementos "provocaría un incremento mínimo del 15% en los costes salariales", dado que más de la mitad de los empleados del sector perciben el SMI. La asociación prevé que el grupo de expertos del Gobierno recomiende un aumento de entre el 2% y el 4%, pero su impacto sería mucho mayor si no se permite ajustar los pluses de convenio.
Fuentes empresariales admiten que aún no cuentan con un análisis detallado, aunque las distintas organizaciones integradas en la CEOE trasladan que esta medida podría elevar los costes laborales entre un 15% y un 25%, sobre todo en pequeñas y medianas empresas. Cepyme ya alertó a comienzos de año de que en las pymes de servicios y construcción el SMI representa hasta el 70% del salario medio.
Otro sector especialmente sensible sería el agrario. El secretario de Organización de Asaja, Juanjo Álvarez, advierte de que el cambio propuesto por Trabajo "romperá el equilibrio de los convenios y de los procesos de negociación en curso", ya que beneficiará a los empleados con más complementos y alterará por completo la actual estructura salarial. Por ello, la patronal reclamó rebajas en las cotizaciones sociales como condición para apoyar un nuevo incremento del salario mínimo.
Ante esta situación, y como ya había adelantado la prensa, la CEOE se prepara para recurrir ante los tribunales el reglamento impulsado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El borrador elimina la posibilidad de absorber o compensar los complementos salariales, prohibiendo ajustes sobre pluses de actividad (nocturnidad, peligrosidad, penosidad, turnicidad), personales (idiomas, antigüedad) o de cantidad y calidad de trabajo (comisiones, incentivos), es decir, los más habituales.
El texto responde a las exigencias de CCOO y UGT, que condicionaron su apoyo a la última subida del 4,4% del SMI -hasta los 1.184 euros- a la revisión de este decreto. Los sindicatos consideran injusto que quienes cobran algo más del SMI gracias a complementos no se beneficien de los aumentos y, además, vean reducidas compensaciones por riesgos laborales.
En la práctica, la medida equipararía el salario base al SMI y mantendría congelados los complementos ya reconocidos, pese a que el Tribunal Supremo ha validado esta práctica siempre que esté pactada en convenio. Esta situación ha generado malestar en el ámbito empresarial, que acusa a los sindicatos de modificar "por la puerta de atrás" los acuerdos firmados en distintos sectores y teme que se intente extender esta protección a todos los niveles salariales.
Garamendi volvió a reclamar al Ejecutivo una solución para las empresas que trabajan con contratos públicos de varios años, ya que las subidas del SMI no se compensan en dichos acuerdos. La patronal advierte que estas compañías -especialmente las de limpieza, mantenimiento o atención a la dependencia- no pueden prever la evolución del salario mínimo durante toda la duración del contrato.
Esta reivindicación cuenta incluso con el respaldo sindical, que reconoce que esta situación ha llevado a la firma de convenios con dos tablas salariales diferenciadas, según si los trabajadores operan en el ámbito público o privado. La propia Yolanda Díaz impulsó una proposición de ley a través de Sumar para abordar este problema, aunque la iniciativa sigue sin debatirse en el Congreso debido a la oposición del Ministerio de Hacienda.