(El Economista, 14-09-2026) | Laboral
CCOO ya ha puesto en marcha el fondo de resistencia anunciado junto a UGT el pasado mes de junio con el objetivo de respaldar posibles movilizaciones durante la última parte del año y aumentar la presión sobre CEOE para que retome la negociación de un pacto marco sobre salarios. La organización que dirige Unai Sordo ya está analizando las primeras solicitudes planteadas por cuatro sectores que han anunciado huelgas o paros, mientras UGT continúa trabajando en la regulación de su propio fondo.
La iniciativa pretende replicar el modelo de las cajas de resistencia utilizadas por sindicatos de otros países y proporcionar respaldo económico a los trabajadores que participen en huelgas, permitiéndoles prolongar las movilizaciones sin asumir íntegramente la pérdida de ingresos. La intención es que los afiliados puedan recibir una cantidad equivalente al salario mínimo interprofesional diario durante las jornadas de paro. Cada sindicato ha previsto destinar dos millones de euros anuales a este mecanismo, procedentes de las cuotas de sus afiliados, una cantidad que permitiría cubrir aproximadamente 100.000 jornadas de huelga al año.
En el caso de CCOO, las primeras peticiones proceden del sector estatal de educación infantil, del comercio de alimentación en Galicia, del transporte sanitario y de ambulancias en Canarias y de los servicios de limpieza viaria. La organización todavía no ha concretado qué cantidad asignará a cada conflicto. El sindicato señala que cada organización decidirá de manera independiente cómo distribuye los recursos de su fondo y que, por tanto, las decisiones de CCOO y UGT no tienen por qué coincidir ni avanzar al mismo ritmo.
La intención inicial era coordinar en la medida de lo posible las actuaciones de ambas centrales para concentrar la presión en aquellos sectores donde considerasen que las movilizaciones podían tener mayor impacto sobre CEOE. Sin embargo, el fondo de UGT todavía se encuentra en una fase previa a su puesta en funcionamiento. Su secretario general, Pepe Álvarez, explicó recientemente que la decisión de destinar parte de las cuotas de los afiliados a esta finalidad ha obligado a introducir modificaciones en los presupuestos de la organización. El dirigente confía en que el nuevo mecanismo pueda comenzar a visualizarse en un plazo relativamente corto.
La posible utilización de estos recursos cobra especial importancia ante el riesgo de nuevas movilizaciones relacionadas con los compromisos asumidos por el Ministerio de Trabajo. CCOO y UGT están estudiando su estrategia ante la posibilidad de que se siga retrasando la reforma del registro de jornada y el cambio en el tratamiento de los complementos salariales vinculados al SMI. A comienzos de julio, ambas centrales advirtieron de que no volverían a suscribir acuerdos con el Gobierno si no se cumplían los compromisos adquiridos, especialmente en relación con el registro horario. En septiembre han mantenido el mismo tono, aunque todavía no han concretado qué medidas adoptarían si persiste el bloqueo.
Pepe Álvarez ha señalado que, si finalmente se acuerdan movilizaciones durante este año, el fondo de resistencia será uno de los instrumentos que permitirá financiarlas. Desde CCOO, Unai Sordo considera que el Ejecutivo ya no dispone de argumentos suficientes para continuar retrasando la reforma del registro de jornada, una medida que fue cuestionada por el Consejo de Estado y que, según los sindicatos, lleva meses siendo revisada por el Gobierno.
Más allá de las posibles protestas contra el Ejecutivo, el principal objetivo sindical continúa siendo recuperar la negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el pacto que CEOE, Cepyme, CCOO y UGT utilizan para establecer referencias salariales nacionales durante un periodo de tres años. El último acuerdo finalizó su vigencia en 2025 y, pese a las reclamaciones de los sindicatos, la mesa de negociación para su renovación todavía no se ha constituido formalmente. Los agentes sociales confían en retomar el diálogo en 2027, aunque reconocen que el calendario electoral puede dificultar nuevamente el entendimiento.
La presión para alcanzar un acuerdo salarial se ha intensificado por la evolución de la inflación. El IPC de agosto superó por primera vez en casi tres años el 4%, dejando por detrás tanto las subidas salariales pactadas en los convenios como el incremento aplicado al SMI a comienzos de año. CCOO y UGT plantearon inicialmente una senda de aumentos salariales del 4% anual y propusieron llegar hasta el 7% para aquellos trabajadores cuyos salarios se encuentran más alejados de los niveles medios. CEOE, sin embargo, todavía no ha ofrecido una respuesta formal a esta propuesta para el periodo 2026-2028.
Los sindicatos consideran que el proceso electoral interno de CEOE también ha contribuido a retrasar la apertura de la mesa de negociación. La patronal celebrará sus elecciones el próximo 1 de octubre, con Antonio Garamendi como único candidato después de que el sector crítico no haya conseguido presentar una alternativa. Desde las organizaciones sindicales interpretan que la situación interna de la patronal y las tensiones acumuladas en los últimos años han dificultado la recuperación del diálogo social.
La relación entre CEOE y el Ministerio de Trabajo lleva más de dos años marcada por la falta de acuerdos, una situación que desde el entorno de Yolanda Díaz y las organizaciones sindicales vinculan también con los esfuerzos de la patronal por contener las discrepancias internas. En este contexto, los sindicatos esperan que, una vez superado el proceso electoral, pueda abrirse una etapa de mayor entendimiento, aunque no prevén una recuperación inmediata de las negociaciones.
El propio Garamendi ha reconocido que alcanzar un acuerdo con los sindicatos en materia salarial resulta complicado en el escenario actual. El presidente de CEOE considera que no existe un marco suficientemente estable mientras el Ministerio de Trabajo mantenga sobre la mesa nuevas reformas laborales, entre ellas la modificación de las reglas del despido.
Por parte de las organizaciones sindicales también existe cautela. La incertidumbre sobre la evolución de los precios dificulta que se cierre un pacto salarial a la baja, ya que CCOO y UGT quieren evitar que un eventual acuerdo con las empresas termine sirviendo de referencia para contener los incrementos salariales de los convenios colectivos. La evolución de la inflación será, por tanto, uno de los principales factores que determinarán si patronal y sindicatos consiguen recuperar la negociación y alcanzar un nuevo acuerdo marco.