(El Periódico, 20-03-2024) | Fiscal
La Generalitat propone pasar de manejar el 9% al control total de los impuestos generados en Cataluña. Con esta medida, busca obtener "un ingreso potencial de 52.000 millones de euros al año, el doble de lo obtenido con el actual modelo de financiación", que aportó 26.000 millones en 2021 (5.000 de los cuales fueron recogidos por la Generalitat). El objetivo es conceder a Cataluña una especie de autonomía financiera, para luego compensar al Estado por los servicios comunes -como defensa o política exterior- mediante un sistema similar al cupo vasco. Además, se contempla la inclusión de un fondo de reequilibrio para respaldar a las regiones menos favorecidas.
Esta propuesta supondría un cambio radical en el modelo de solidaridad territorial actual. Cataluña es una de las tres únicas regiones del régimen común que realiza aportaciones netas a la caja común. Junto con Madrid y Baleares, lidera la lista de regiones con mayor renta per cápita del país, según los datos de liquidación de 2021 calculados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). A esto se suma que, según los últimos datos de Hacienda, en Cataluña se generan el 22% de los ingresos tributarios del régimen autonómico común y uno de cada cuatro euros de impuestos cedidos: Patrimonio, Sucesiones y AJD.
Sin embargo, esta propuesta genera preocupación en algunos sectores. Ángel de la Fuente, director de Fedea, advierte que aceptar algo así pondría en peligro la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones, incluida la cohesión social y territorial. Por su parte, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) alerta sobre el impacto en los principios constitucionales de igualdad entre españoles y territorios, capacidad económica y justicia fiscal.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respondió a ERC que el plan del Gobierno es revisar el sistema de financiación autonómica esta legislatura, respetando la Constitución y los estatutos de autonomía, aunque queda por ver si el actual Gobierno, que ha pospuesto la elaboración de Presupuestos debido a las elecciones anticipadas en Cataluña, será capaz de llevar a cabo esta reforma pendiente desde hace años. Esto implica conciliar las demandas de los socios secesionistas catalanes con las posiciones de las regiones gobernadas por el Partido Popular, incluyendo aquellas realmente infrafinanciadas en comparación con el resto, como Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana, además de las demandas de la España rural.