(El País, 18-06-2026) | Fiscal
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular están cumpliendo su advertencia y no acudirán a las reuniones bilaterales convocadas por el Ministerio de Hacienda para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. El departamento que dirige Arcadi España arrancará este jueves la ronda de contactos para presentar su propuesta, aunque lo hará, si nada cambia, solo con cuatro autonomías.
Canarias será la primera en sentarse a la mesa este jueves, mientras que la próxima semana será el turno de Castilla-La Mancha y Asturias. En el caso de Cataluña todavía no hay fecha prevista, aunque se da por hecho un entendimiento favorable, dado que el modelo se consensuó inicialmente con la Generalitat. El resto de comunidades, todas gobernadas por el PP, han rechazado acudir a estas citas individuales al considerar que una reforma de este alcance debe negociarse exclusivamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde están representadas todas las comunidades de régimen común.
El Gobierno se enfrenta así a un primer obstáculo en su intento de abrir la negociación de un sistema que lleva más de una década pendiente de reforma. El actual modelo está vigente desde 2009 y tanto el Ejecutivo central como la mayoría de las comunidades coinciden en que ha quedado desfasado y requiere actualización. Sin embargo, las discrepancias sobre el método de negociación han surgido incluso antes del inicio formal de las conversaciones.
Las comunidades del PP sostienen, por un lado, que el modelo planteado por el Gobierno se ha diseñado en función de las necesidades de Cataluña, con quien se pactó inicialmente. Por otro, insisten en que cualquier decisión debe abordarse únicamente en el CPFF. El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se reunió esta semana con Arcadi España, aunque el dirigente autonómico dejó claro que la financiación autonómica no estaba incluida en el orden del día.
Hacienda, sin embargo, defiende que las reuniones bilaterales forman parte de un proceso que no excluye la negociación multilateral. De hecho, Arcadi España recordó recientemente en el Congreso que ya se han celebrado encuentros en el seno del CPFF y que, una vez concluida esta ronda de contactos individuales, el ministerio volverá a convocar ese órgano para continuar la negociación con todas las comunidades. Por ello, en el Ministerio no entienden el rechazo de los gobiernos autonómicos del PP, ya que consideran que ambos formatos son complementarios y no excluyentes.
Pese a que acudirán a la mesa, es previsible que tanto Canarias (donde gobiernan Coalición Canaria y el PP) como Castilla-La Mancha y Asturias (gobernadas por el PSOE) expresen críticas al modelo propuesto. Desde la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea de Canarias enmarcan la reunión como un encuentro técnico, al que "siempre" asisten. Sin embargo, en anteriores ocasiones, Canarias ha seguido la posición de las comunidades del PP, por lo que un apoyo explícito al planteamiento del Gobierno sería una sorpresa.
Por su parte, Castilla-La Mancha y Asturias se han mostrado contrarias al marco general del plan del Ejecutivo y han hecho públicas sus reservas sobre distintos aspectos, aunque han decidido acudir para conocer el detalle de la propuesta y trasladar sus propias reivindicaciones.
La situación es distinta en Cataluña. La Generalitat y el Gobierno central llevan meses manteniendo contactos sobre esta cuestión, ya que la propuesta que ahora presenta Hacienda tiene su origen en el acuerdo político alcanzado entre el PSOE y ERC. Esa negociación previa ha convertido a Cataluña en el territorio con el diálogo más avanzado, aunque el Gobierno insiste en que la reforma deberá extenderse al conjunto de comunidades de régimen común.
Hacienda confía en que la posición de las comunidades del PP pueda cambiar a medida que avance el proceso. El ministerio defiende que la reforma supondrá una inyección cercana a 21.000 millones de euros para las comunidades autónomas, además de adaptar el modelo a la evolución demográfica y económica de los últimos 15 años para corregir los desequilibrios acumulados desde la última reforma.