(La Vanguardia, 12-02-2026) | Laboral
Las organizaciones empresariales de todo el país han abierto un frente contra el aumento de las bajas laborales, que en 2025 alcanzaron los nueve millones de procesos, frente a los seis millones registrados en 2019. Las patronales reclaman reformas legales que no resultan fáciles de consensuar ni con los partidos políticos ni con los sindicatos, y al mismo tiempo intentan introducir determinadas medidas a través de la negociación de los convenios colectivos.
La propuesta más reciente la ha planteado Pimec, la patronal catalana de pequeñas y medianas empresas. Su presidente, Antonio Cañete, ha defendido en Madrid un sistema para reducir el número de incapacidades temporales que pasaría por penalizar la reiteración de bajas. La idea consiste en que la empresa complemente hasta el 100% del salario en la primera baja por incapacidad temporal, pero que ese complemento vaya disminuyendo de forma progresiva si el trabajador acumula varios procesos y no padece una enfermedad crónica.
Cañete ha argumentado que cuando se produce una repetición de bajas que genera una situación anómala debe existir una corresponsabilidad gradual, aunque ha subrayado que quedarían fuera de este esquema las patologías crónicas, ya que no se trata de estigmatizar a nadie. La normativa actual obliga a las empresas a abonar el 60% de la base reguladora entre el cuarto y el decimoquinto día de una baja por contingencias comunes, pero muchos convenios colectivos elevan ese porcentaje hasta el 100%. La CEOE también ha defendido en varias ocasiones la reducción de estos complementos, algo que empieza a apreciarse en los datos.
Según el Ministerio de Trabajo, el porcentaje de convenios que incluyen cláusulas de complemento salarial en los primeros días de incapacidad temporal ha descendido ligeramente: del 80,5% en 2022 al 76,7% en 2024, lo que apunta a un cambio de tendencia todavía moderado.
Según el estudio de Pimec, las horas medias mensuales de incapacidad temporal por trabajador han pasado de 3,7 horas en 2013 a 8,2 horas en los tres primeros trimestres de 2025. Aquí, la industria es el que presenta mayor número de horas de baja por trabajador al mes, 9,4 horas, respecto a las 8 horas en el sector servicios y 7,8 horas en construcción. En cuanto al coste por empleado, en la industria asciende a 3.052 euros, por los 2.359 euros en el sector servicios y los 2.065 euros en la construcción.
Un informe reciente de la AIReF señala que el 25% de las personas en incapacidad temporal concentró el 55% de los procesos en 2024, frente al 51% en 2017. Esto sugiere que existe un grupo reducido de trabajadores que acumula cada vez más episodios en un mismo año. De hecho, en 2024 casi un 32% de quienes estuvieron de baja iniciaron más de un proceso. No obstante, el organismo no especifica si estas reiteraciones responden a las mismas dolencias o a enfermedades de carácter crónico.
El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha justificado la propuesta señalando que cuando las bajas se complementan íntegramente puede generarse un efecto incentivo. También ha recordado que en épocas con altas tasas de desempleo las empresas aceptaron ampliar esa protección como parte de una política social pactada con los sindicatos, pero que ahora consideran necesario revisar esos acuerdos porque dificultan afrontar el problema actual.
Además, la patronal catalana ha criticado que la única medida anunciada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ante el aumento de las bajas haya sido la creación de un observatorio, comprometido ya en 2024. A su juicio, analizar la situación es positivo, pero insuficiente si no va acompañado de cambios normativos.
Pimec tiene previsto reunirse con la ministra Elma Saiz para trasladarle varias propuestas legislativas. Entre ellas figura otorgar a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social la capacidad de emitir altas y bajas médicas en casos de contingencias comunes, como ya ocurre con las profesionales. Se trata de una demanda histórica de la CEOE y de las propias mutuas, aunque los sindicatos la rechazan por considerarla una privatización encubierta y el Gobierno no la contempla por ahora.
La organización también propone facilitar el acceso a los datos de la denominada sala segura de la Seguridad Social para detectar posibles desviaciones y generar alertas sobre procesos de incapacidad temporal que se prolonguen más de lo técnicamente previsto. A diferencia de la CEOE, Pimec respalda la implantación de altas progresivas o bajas flexibles, aunque cree que el planteamiento actual del ministerio -limitado a procesos de más de 180 días y a determinadas patologías, excluida la salud mental- resulta demasiado restrictivo.
Como no forma parte del diálogo social a nivel estatal, Pimec ha iniciado contactos con distintos grupos parlamentarios con el objetivo de trasladar sus propuestas e intentar que se incorporen a futuras reformas o a programas electorales.