(Expansión, 28-09-2026) | Laboral
La Comisión Europea sitúa a España entre los países de la Unión Europea con mayor necesidad de desarrollar sistemas de ahorro complementario para la jubilación, debido a la presión que el envejecimiento de la población ejercerá sobre las cuentas públicas. El organismo comunitario también advierte del reducido grado de implantación que mantienen actualmente en España tanto los planes de pensiones de empleo como los individuales.
La reforma de las pensiones aprobada entre 2021 y 2023 no incorporó ajustes relevantes sobre el gasto futuro del sistema, por lo que el Gobierno planteó medidas complementarias destinadas a contener el impacto financiero que tendrá la jubilación de la generación del baby boom. Entre ellas se encuentran los cambios para compatibilizar pensión y trabajo y favorecer el retraso voluntario de la jubilación, así como el impulso del ahorro privado destinado a complementar las prestaciones públicas.
Sin embargo, varios años después de reducir los incentivos fiscales de los planes de pensiones individuales, aumentar los correspondientes a los planes de empleo y poner en marcha el denominado fondo público de pensiones, este último todavía no ha conseguido reunir una oferta significativa de planes colectivos de ahorro. España continúa, por tanto, entre los países europeos con menor desarrollo de la previsión social complementaria.
Esta situación adquiere especial relevancia ante el deterioro previsto de las cuentas de la Seguridad Social. El déficit contributivo ronda ya los 60.000 millones de euros y el sistema requiere una creciente aportación de recursos tributarios para afrontar sus obligaciones. La escasa acumulación de ahorro privado a largo plazo añade así otro elemento de presión sobre un modelo público que deberá afrontar en las próximas décadas el incremento del número de pensionistas.
La Comisión Europea analiza esta cuestión en su informe sobre las finanzas públicas de la Unión Europea, en el que estudia las medidas necesarias para hacer frente al aumento de las necesidades de gasto sin comprometer la estabilidad presupuestaria. El documento concluye que España presenta un amplio margen para desarrollar los sistemas complementarios de pensiones y plantea reforzarlos como una vía para contribuir a la sostenibilidad futura del sistema público y de las cuentas públicas.
El organismo comunitario utiliza dos indicadores para comparar la situación de los distintos países. El primero mide la madurez de los sistemas de previsión complementaria y refleja hasta qué punto están implantados estos mecanismos de ahorro. El segundo evalúa su potencial de expansión en función de las necesidades derivadas de la evolución demográfica y de la situación presupuestaria. La Comisión considera este último indicador de carácter prescriptivo, al señalar las actuaciones que deberían abordarse para reforzar estos sistemas.
En términos generales, Bruselas plantea aumentar el peso de los mecanismos complementarios para diversificar las fuentes de ingresos durante la jubilación y reducir parcialmente la presión que el envejecimiento generará sobre los presupuestos públicos. El objetivo señalado es garantizar unas prestaciones adecuadas utilizando el menor volumen posible de recursos públicos a lo largo del tiempo, sin poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas ni la actividad económica.
Los indicadores elaborados por la Comisión sitúan a España en el segundo lugar de la Unión Europea por potencial y necesidad de expansión de los sistemas complementarios, con una puntuación de 80,5 sobre 100. Solo Luxemburgo obtiene una puntuación superior, con 84 puntos, mientras que la media de la Unión Europea se sitúa en 54,1.
La situación cambia cuando se analiza específicamente la presión fiscal que afrontará el sistema público de reparto. En el periodo comprendido entre 2025 y 2040, España obtiene 25,1 puntos en el indicador que mide esta tensión, la cifra más elevada de toda la Unión Europea. El resultado supera ampliamente la media comunitaria, situada en 12,1 puntos, y también los registros de Italia, con 15,2 puntos, Alemania, con 12, y Francia, con 8,1.
El informe refleja así el elevado impacto que tendrán en España la evolución demográfica y el crecimiento del gasto asociado a las pensiones. El envejecimiento de la población incrementará la presión financiera sobre un sistema de reparto que deberá atender a un número creciente de jubilados durante las próximas décadas.
En cuanto al grado de implantación de los sistemas complementarios, España obtiene únicamente 12 puntos sobre 100 en el indicador de madurez, frente a los 25,7 puntos de media de la Unión Europea. La diferencia es especialmente significativa respecto a países con una mayor tradición de sistemas de capitalización, como Dinamarca, que alcanza 91,8 puntos, o Países Bajos, con 76,7.
España presenta en este apartado niveles similares a Francia, con 11,1 puntos, e Italia, con 12,4, mientras que Alemania alcanza 19,3. La diferencia respecto a algunos de estos países radica, según el análisis de la Comisión, en la evolución prevista del gasto público en pensiones, que crecerá de manera más contenida en Francia y Alemania durante los próximos quince años. En el caso español, esta combinación entre una baja implantación del ahorro complementario y una elevada presión futura sobre el sistema público explica la especial necesidad de desarrollar mecanismos adicionales de previsión para la jubilación.