(El País, 23-04-2026) | Laboral
La Comisión Europea ha decidido finalmente no incluir la recomendación de imponer un día obligatorio de teletrabajo a la semana como medida para ahorrar energía dentro de su paquete de respuesta a la crisis provocada por la guerra en Oriente Próximo. Aunque esta propuesta aparecía en los primeros borradores del documento, no figura en la versión definitiva aprobada por el colegio de comisarios. El texto, que la presidenta Ursula von der Leyen presentará este jueves ante los líderes europeos en el Consejo Europeo informal que se celebra en Chipre, sí contempla, en cambio, la flexibilización de las normas sobre ayudas de Estado y distintas iniciativas para fomentar el uso de la electricidad frente a los combustibles fósiles, entre ellas una reducción de su carga fiscal. Según cálculos del Ejecutivo comunitario, la crisis energética ha supuesto hasta ahora un sobrecoste de 24.000 millones de euros para los ciudadanos europeos.
La idea de establecer un día de teletrabajo obligatorio se recogía en anexos de varios borradores previos -uno de ellos adelantado por EL PAÍS-, pero fue descartada en la fase final. Fuentes comunitarias explican que existían reticencias a imponer una medida de carácter obligatorio, además de dudas jurídicas sobre su aplicación y la dificultad de adaptarla a sectores económicos muy diversos.
El paquete energético presentado tras más de un mes de trabajo se limita finalmente a una serie de recomendaciones y mecanismos de coordinación entre Estados miembros. La medida más relevante desde el punto de vista regulatorio es la flexibilización de las ayudas públicas, cuya implementación recaerá en la vicepresidenta Teresa Ribera. Esta iniciativa responde a los criterios marcados por Bruselas para afrontar la crisis: que las medidas sean oportunas, específicas y de carácter temporal.
El documento también menciona los beneficios extraordinarios que están obteniendo algunas empresas energéticas debido al alza de precios. En este sentido, se señala que los Estados miembros pueden adoptar medidas sobre estos llamados "beneficios caídos del cielo" para garantizar la equidad social. Ribera ha mostrado su disposición a colaborar con los países que opten por este tipo de medidas. Sin embargo, la Comisión no ha propuesto un mecanismo común a nivel europeo, como ocurrió en 2022, pese a la petición de países como España, Alemania, Italia, Portugal y Austria. La propia vicepresidenta ha explicado que la creación de un impuesto común exigiría unanimidad, algo difícil de lograr dadas las diferentes posiciones entre los Estados.
En defensa del paquete presentado, Ribera ha subrayado que su objetivo es reforzar la coordinación europea, proteger a los colectivos más vulnerables y acelerar la transición hacia energías limpias y la electrificación. Ha insistido en que no hay alternativa al Pacto Verde si se quiere garantizar la seguridad energética y la competitividad, especialmente en un contexto marcado por el encarecimiento del petróleo y otros combustibles fósiles.
En la misma línea, el comisario de Energía, Dan Jorgensen, ha advertido de que Europa afronta una nueva crisis vinculada a los combustibles fósiles, que debe servir como punto de inflexión para avanzar hacia una mayor autonomía energética basada en fuentes limpias. Tanto él como Ribera defienden mantener el rumbo del Pacto Verde pese al contexto geopolítico actual.
Por su parte, Ursula von der Leyen ha reiterado en varias ocasiones desde el inicio del conflicto que esta situación evidencia la necesidad de apostar por fuentes energéticas que refuercen la independencia de Europa, destacando especialmente las energías renovables y la nuclear, ambas claves también para avanzar en la descarbonización de la economía.